Ayer la Corte Constitucional inició incidente de nulidad parcial contra la sentencia T-242 de 2022, del caso “Matarife”.

Esto significa, que el demandado Daniel Mendoza, con su abogado Juan Trujillo Cabrera, han solicitado a la Corte que la sentencia que profirió la semana pasada respecto al llamado caso «Matarife», sea parcialmente declarada invalida.

El asilado político en Francia, Daniel Mendoza, ha dicho en su cuenta de Twitter, que el abogado de Uribe «está difundiendo una derrota contundente disfrazada de triunfo. Perdió. No ganó nada. No pudo bajar la serie Matarife. Ni pudo impedir que yo la difunda. Ni me tengo que retractar. Y al Matarife se le puede decir lo que es… esperen mañana mi declaración».

Según el abogado Trujillo, han «solicitado la nulidad solo de una parte de la sentencia, porque la misma es un triunfo de la serie y de la libertad de opinión, ya que según la propia Corte, «Matarife» puede seguir emitiéndose en todas las plataformas digitales, con lo que se le negó a Uribe esta solicitud de prohibir la difusión de la serie. Las rectificaciones que ordena la Corte, recaen principalmente sobre unos trinos de la cuenta de Twitter @ElQueLosDELATA y unas opiniones de Daniel en la entrevista concedida a Hollman Morris. Las rectificaciones ordenadas hacer en la serie «Matarife» son mínimas», razón por la cual Mendoza y Trujillo lo consideran un triunfo de la libertad de opinión y que el fallo no afecta a la esencia de la serie.

Trujillo agregó que ya en la ONU cursa un proceso por la persecución de Uribe contra Mendoza y en breve se iniciará otro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «El asilo constitucional del Estado francés, protege en todos los sentidos a Daniel para manifestar sus opiniones en Francia, en la Unión Europea y en el resto del mundo».

La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) se pronunció sobre el caso. También considera que la sentencia es favorable para la libertad de prensa. La Corte reitera que las vías judiciales no son las principales para dirimir diferencias con la prensa. Para la FLIP, la Corte reconoce el rol de denuncia de los medios sobre actuaciones delictivas de funcionarios. La Corte adopta la posición más favorable para la libertad de expresión, y establece que no se requiere una sentencia penal para informar sobre las posibles conductas delictivas de funcionarios públicos. La Corte admite que los y las periodistas, algunas veces, acuden a expresiones retóricas con lenguaje ofensivo para expresar su opinión sobre los hechos investigados. Estas expresiones están cubiertas por la libertad de expresión.

Acá el oficio de la Corte que informa sobre el inicio del incidente de nulidad parcial: