El abogado Juan Trujillo, que junto a Miguel Angel del Río, Augusto Ocampo y Daniel Mendoza, apoderan a la ciudadana alemana Rebecca Sprößer; anunció que Migración Colombia revocó las medidas de expulsión del país adoptadas por el gobierno de Iván Duque.

En reiteradas oportunidades los abogados le habían solicitado directamente al gobierno de Gustavo Petro, que revisara el caso y revocara las medidas adoptadas, al considerar que bajo el mandato de Ivan Duque se había cometido una arbitrariedad en contra de la ciudadana alemana.

El gobierno de Duque había prohibido a Rebecca Sprößer su ingreso a Colombia dentro del término de diez (10) años contados a partir de la fecha de su expulsión.

Según el abogado Juan Trujillo, en la parte considerativa de la resolución administrativa, la autoridad migratoria justificó la expulsión y prohibición de ingresar al país por 10 años, con el argumento que la ciudadana alemana había cometido «delitos» en Colombia.

Los abogados argumentaron que la expulsión y prohibición de ingresar al país por 10 años es claramente arbitraria y desbordada, pues incurre en varios vicios de forma y de fondo. Señalaron que según la Resolución 20217084007572, Rebecca Sprößer fue detenida por la Policía. En este sentido, según la Constitución Política (art. 28), la persona detenida será puesta a disposición del juez dentro de las 36 horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. Sin embargo, lo que sucedió en el caso concreto, es que la Policía puso a la ciudadana alemana a disposición de Migración Colombia, para que ésta se encargara de su retención, captura, legalización de la misma y sanción. Es decir, Migración Colombia actuó como juez y como parte, puesto que adoptó las medidas a su antojo sin ningún control judicial anterior ni posterior a la captura de la ciudadana.

Adicionalmente, a Rebecca Sprößer no se le dio la oportunidad de contar con la asistencia de un abogado, de controvertir pruebas y de recurrir la decisión.

Además, los abogados argumentaron que en la Fiscalía General de la Nación no existía ninguna investigación en contra de la ciudadana alemana.

Estudiado el caso por parte de Migración Colombia, la autoridad consideró que al momento de adoptar la medida de expulsión, la entidad se extralimitó en sus funciones, puesto que a la ciudadana alemana se le violó el debido proceso establecido en la Constitución y en la ley. En tal sentido, la autoridad decidió revocar las medidas de expulsión.