Hoy nadie pensaría que de encontrarse vivos los señores Johnnie Walker, José Cuervo o “el viejo” Thomas Parr, serían enemigos de la humanidad, a los que tendría que combatírseles con marinas y helicópteros artillados; aunque por causa del consumo de alcohol mueran al año 3 millones de personas en el mundo. Tampoco se contemplaría fumigar con glifosato las plantaciones donde se extraen cientos de variedades de ésta droga líquida, que seguramente el lector tiene embotellada en su casa.

Paradójicamente el argumento central en favor de la Guerra contra el Narcotráfico, es la protección al bien jurídico de la salud pública. Pero al igual que con el tabaco, en el mercado legal se puede acceder a una cantidad casi ilimitada de productos que atentan contra la salud. Es normal el consumo de estimulantes en forma de refresco, que no son más que una imitación de los efectos energizantes de la cocaína, a pesar de que su alto consumo conduzca a un infarto inevitable. Obviamente a nadie se le ocurriría capturar y llevar a juicio por envenenamiento masivo o genocidio, a los fabricantes de estos cocteles químicos, quiénes, desde el proceso de formulación, conocen su poder destructivo.

En cambio, llevamos 60 años enfrascados en la Guerra contra las Drogas, con un parte de ineficiencia total, porque jamás se persiguió a los verdaderos dueños de la tierra cultivada, a los empresarios inversionistas, a los políticos cómplices, a los testaferros que lavan el dinero, ni a los intermediarios financieros que esconden la mayor parte del botín.

Por el contrario, se ha elaborado una compleja dogmática académica atiborrada de delitos, que promociona el populismo penal para criminalizar solo a quienes participan del menudeo.

La política criminal se ha centrado en atacar a los extremos de la cadena: el humilde campesino, el vendedor de calle y el consumidor.

El Narco-Derecho Penal ha sido una herramienta maquiavélica de criminalización de las víctimas del flagelo, que con la complicidad de fiscales y jueces, ha hacinado las cárceles con las personas más frágiles del tejido social.

La guerra se justifica con la existencia de grupos armados, que operan los cultivos y transportan los cargamentos hasta los puertos. Los narco-terroristas son, en últimas, los brazos armados de la narco-Élite; distinguidos hombres de negocios y de la alta política, que se pasean por clubes y controlan a sus anchas a la opinión pública.

Mantener el statu quo solamente les sirve a los jinetes de la cocaína. Y es que el atractivo por preservar la guerra es mantener la ilegalidad del negocio, porque la represión permite aumentar desproporcionadamente el precio del producto final.

Según el penalista alemán Kai Ambos, mientras no se equipare el narcotráfico a cualquier otro negocio legal, es imposible terminar con la narco-guerra. Lo que debería hacerse es desvalorizar al narcotráfico como negocio, porque multiplica las fuentes de violencia.

A los narco-dirigentes no les pedimos que dejen de ser traquetos. Pero si, que dejen de ser matones. Si las sociedades libres y abiertas son las más fuertes, al adulto debe permitírsele hacer uso de su libre albedrío, que escoja lo que le parezca y se le garantice su derecho a ser dejado en paz. Pero sin esta premisa, seguiremos nadando en la Narco-hipocresía.