Omertà o Ley del Silencio era el código de honor siciliano, que prohibía a los miembros de una organización y a veces de la comunidad, cooperar con los jueces en el esclarecimiento de la verdad, indistintamente si se actuaba como víctima o como un inocente judicializado sin participación alguna en el crimen. La violación al “código de honor” activaba el uso de la vendetta en contra del informante o su familia, mediante la ejecución extrajudicial.

Como en una trama del genio literario Mario Puzo, pareciera que hoy nos gobierna la Omertà, la justicia privada del Don y sus capos, con un sistema penal paralelo que silencia, muchas veces sin proceso legal alguno, de manera selectiva a sus contradictores.

El primer aviso de la Ley del Silencio se dio, no hace mucho, cuando se sorprendió al país con una espeluznante publicidad electoral, en la que se amordazaba a todos los oponentes políticos con una cinta negra en la boca. Luego se quiso explicar que la intención era jocosa y que el inocente mensaje se dirigía a callarlos en las urnas. Sin embargo, se marcó una línea que se ha ido acentuando con el paso de los meses. Hoy se habla con insistencia en restringir el derecho a la protesta, con la criminalización del activismo social a fin de debilitarlo y desorganizarlo.

También crecen las iniciativas por regular las redes sociales y la libertad de expresión, justificando que son utilizadas como instrumento al servicio de “resentidos sociales”, etiqueta que se utiliza alternativamente con la de “sicarios morales”. Con esta práctica se busca que los consiglieri amedrenten con denuncias penales a líderes de opinión que no sean de sus afectos.

Punto aparte es la tendencia de algunos funcionarios del Estado por bloquear en redes a los ciudadanos que expresan opiniones diferentes a las suyas. En otras latitudes ya se reconoce como inconstitucional, que los gobernantes silencien la opinión ciudadana que no les aplaude.

También hay medios que han intentado silenciar a sus propios periodistas, ya sea con censura de publicaciones o con purgas laborales masivas. Paradójicamente se quiere imponer un Estado de Opinión –o populismo-, no sin antes silenciar la opinión contraria.

Ni hablar de los líderes sociales silenciados o de los servidores públicos amenazados por informar a la prensa internacional, sobre operativos dirigidos a callar gente.

Estas acciones coinciden con el afán legislativo por aumentar desproporcionadamente las penas en delitos como el de Revelación de secreto, que criminaliza al servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en reserva. Vaya alguien a saber, bajo la Ley del Silencio, qué debe entenderse por indebido.

Todas estas prácticas anti-democráticas hacen parte del Derecho Penal Subterráneo, que muchas veces no están contenidas en el Código Penal, pero que se resumen en silenciar al que ha sido seleccionado como Enemigo.