Hace 299 años, el 8 de junio de 1708, zarpaba de Cartagena de Indias el Galeón San José con destino a España, repleto de esmeraldas, lingotes macizos de oro y plata, custodias y valiosos objetos, valorados hoy en más de 10.000 millones de dólares. Luego de dos horas de combate, a las 7 y 30 de la noche, frente a las costas de las Islas del Rosario, el buque inglésExpedition disparó un brutal cañonazo que hundió inmediatamente al San José. La inyección económica que esperaba Felipe V de Borbón para su salvaje y despiadado imperio, quedó entonces sumergida frente a las Islas del Rosario, por cierto, casualmente ocupadas hoy de manera ilegal por las más poderosas y acaudaladas familias colombianas.

La búsqueda oficial del tesoro del San José tuvo un momento decisivo, cuando el 10 de diciembre de 1981, el submarino August Picard de la firma norteamericana Sea Search Armada, con autorización del entonces presidente Julio Cesar Turbay, encontró el San José a pocas millas cuadradas de la bahía de Cartagena. Según el Código Civil, el descubridor de un tesoro y el Estado colombiano se reparten el tesoro en mitades iguales.

Dos años después, la Armada Nacional fiscalizó la investigación norteamericana y confirmó el hallazgo. Pero a partir de 1984, con la expedición del Decreto 2384 del mismo año, por el gobierno de Belisario Betancurt (quién en ejercicio del cargo mandó a construir en las Islas su propia casa de descanso y que heredaron los siguientes presidentes), se dio comienzo a un litigio que solo fue resuelto hasta el mes pasado, es decir, 20 años después: El Decreto redujo de un 50 a un 5% la participación de los particulares en los tesoros o antigüedades náufragas, que se encontraran en los mares del país. La Sea Search Armada consideró que los derechos adquiridos habían sido vulnerados e irrespetados por una ley posterior, sin que la misma pudiera surtir efectos retroactivos.

La firma norteamericana demandó ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de los arts. 188 y 191 del Decreto 2384, los cuales le desfavorecían. El 10 de marzo de 1994, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las normas demandadas, con lo se destaparon las botellas de champaña en la Sea Search Armada.

Sin embargo, el 6 de julio de 1994, otra firma estadounidense, laColumbus Exploration Inc., comunicó que luego de haber explorado la zona durante nueve días, con los más modernos equipos satelitales y técnicas de rescate, el galeón ya no se encontraba en el sitio donde la Sea Search Armada lo había reportado. Es decir, no había rastro alguno de barcos, tesoros ni joyas que se le parecieran. Solamente se hallaron arcilla y moluscos. Obviamente la noticia produjo el escándalo en el seno de la Sea Search Armada, que asegura tener videos submarinos a color con la imagen del San José, pero mantenidos en absoluta reserva, en caso que Colombia le desconociera en sus derechos y resultare necesario acudir a tribunales internacionales.

El pasado mes de julio, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, profirió un histórico fallo que puso fin a la controversia -en nuestros estrados-, al sostener que «objetos como armas de guerra, medallas, monedas, joyas y en general todas las piezas recordatorias que tengan valor histórico o cultural», son de propiedad exclusiva del Estado colombiano. Lo que clasifique por fuera de esa categoría, se repartirá por mitades iguales entre el Estado y el descubridor. Lo cierto es, que de acuerdo con el Código Civil, si en las coordenadas señaladas por la Sea Search Armada, no está el galeón, el hallazgo sería considerado especie náufraga y por lo tanto, pertenecería en su totalidad al país.

Aunque en la historia colombiana rara vez ha existido una política de Estado para defender los intereses patrios y mucho menos cuando de brillante oro y dinero se trata, seriamente el país ahora deberá preguntarse: ¿el San José yace efectivamente en las coordenadas señaladas por la Sea Search Armada, y el gobierno lo está negando para despojarla del descubrimiento?, o sencillamente, ¿el tesoro ya fue hallado, rescatado, fundido y vendido en el mercado negro, como tanto otro patrimonio histórico y cultural de la Nación, mientras se pretende que sea celebrada la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sin llegar a verse jamás peso alguno de la macondiana fortuna nacional?

Mientras perviva la intriga, los colombianos seguiremos creyendo que el tesoro permanece en las Islas del Rosario, pero no precisamente bajo las tranquilas aguas, sino en tierra firme.