En francés aquí: «Un cri pour vivre»

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Entre el 11 de mayo y el 11 de junio de 2024, dos líderes comunitarios y defensores ambientales colombianos se reunieron con representantes de ONG, funcionarios electos, parlamentarios, periodistas y todos aquellos dispuestos a escuchar su grito de ayuda, en seis países europeos. ¿Su objetivo? Denunciar la situación de violencia que enfrentan en el Urabá antioqueño, en medio de intereses económicos y de la presencia de grupos paramilitares que son los que realmente ejercen el poder a nivel local.

Por Guylaine Roujol

Dos meses después del asesinato de dos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Nalleli Sepúlveda (30 años) y Edinson David (14 años), dos representantes de la Comunidad de paz de San José de Apartado se han embarcado en un viaje a Europa para denunciar una vez más la situación de violencia que enfrentan: crímenes, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros abusos a los que han sido sometida sus comunidad durante casi treinta años. Francia cerró esta gira europea que pasó por Inglaterra, Austria, Holanda, Suiza y Noruega.

«Nos organizamos como un grupo neutral, para luchar contra la violencia en el territorio, para defender los derechos humanos, y esto, sin armas», resume Yudis Arteaga para explicar por qué, el 23 de marzo de 1997, más de 600 personas decidieron luchar en contra de la violencia en este territorio rural del noroeste del departamento de Antioquia sin armas, a pesar de las masacres pasadas y futuras. «Hemos perdido a 312 de los nuestros», lamenta ella, porque «pertenecer a una organización que defiende los derechos del pueblo siempre nos pone en una situación delicada. Pero seguiremos denunciando todas las formas de violencia», añade en tono decidido.

Corrupción, ausencia de Estado, control de los paramilitares

Para Nalleli Sepúlveda y su cuñado Edinson David, ya es demasiado tarde. Si bien es poco probable que se encuentre a los culpables, si es que se les busca – al parecer ni la fiscalía ni la policía han levantado los cuerpos, los miembros de la comunidad han tenido que hacerlo –, todos los ojos están puestos en las tensiones por la construcción planificada de una carretera que pasa a través de terrenos privados.

«Los paramilitares tienen el control total de la zona y de la población civil desde 2017», expresa José Roviro López. «El ejército los está dejando a ellos en paz. Siempre han estado presentes, pero desde los acuerdos de paz, los paramilitares tienen poder absoluto.” Un control que se ejerce en forma de amenazas, extorsiones disfrazadas de «impuestos», la imposición de su ley en general, el control de entrada y salida al territorio, en ausencia de la presencia del Estado, «con el beneplácito de la fuerza pública» según José y Yudis.

¿Ha cambiado el panorama la elección de Gustavo Petro en 2022? «Al menos este gobierno reconoce que la comunidad de paz existe y lucha por la paz. Pero las instituciones locales siguen siendo corruptas. La fuerza pública, responsable de gran parte de la violencia, sigue en connivencia con el paramilitarismo. La sumisión es absoluta porque nadie está en contra de ellos», insiste. «Cuando llegan a un pueblo, obligan al líder a convocar a los habitantes para que escuchen su discurso en público, para actualizar sus reglas, para imponer su presencia y su ley».

Megaproyectos, miedo máximo

La Comunidad de Paz fue acusada de frenar el desarrollo económico de la región, ya que se oponía a la construcción de carreteras en el contexto de la actividad minera o para el desarrollo de grandes industrias, o del cultivo del banano, cuyos beneficios no son necesariamente compartidos por la población, y tienen un impacto en el medio ambiente.

La construcción de un puerto de carga en el Golfo de Urabá, en el mar Caribe, para el que el grupo constructor francés Eiffage firmó un contrato de 345 millones de euros en abril de 2022, se presenta como una oportunidad para las empresas por parte de la Cámara de Comercio e Industria Francia-Colombia en nombre de la competitividad y del comercio internacional. Pero en la comunidad de paz de San Apartadó, el fantasma del desarrollo minero, vinculado a Puerto Antioquia, es aterrador. «Es la destrucción del campesinado, de las propias comunidades. La tierra es donde vivimos, donde trabajamos», manifiesta Yudis. «Esta minería de carbón contamina el agua, destruye la montaña, ¿quién podrá vivir allí después?»

«Por supuesto, les dicen a la gente que les van a emplear, a darles un buen sueldo, que van a tener una casa, y esto les permite comprar su consentimiento, para que se sumen al proyecto. Luego pasará lo que pasó en Cerrejón (Guajira), con el desplazamiento forzado de personas, el daño al medio ambiente, el empleo de extranjeros. Los que pagan un alto precio son los que viven aquí», continúa José, quien lamenta este proceso bien conocido en Colombia, citando las consecuencias de proyectos anteriores: la explotación del carbón en la Guajira, o la producción de electricidad con la energía del agua en Córdoba.

La presencia de inversiones e intereses europeos en Colombia ha llevado a la comunidad a denunciar estos megaproyectos ante representantes de la Alcaldía de París, la Embajada de Colombia en Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y diversas ONG, «con la esperanza de que sean cuestionados.»

La “cara bonita” del país

Casi 6 millones de turistas visitaron Colombia en 2023 según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Una cifra que no ha dejado de crecer (excluyendo el periodo de pandemia) desde los acuerdos de paz de La Habana en 2016. En Europa, Colombia es tendencia. Los turistas europeos fueron un 23% más en 2023 que en 2022 en el país andino. En general, regresan asombrados por la belleza, la majestuosidad y la diversidad de los paisajes, la legendaria amabilidad de los colombianos. Pero tienen pocas oportunidades de sospechar la distorsión entre la imagen de un país en paz y la situación realmente vivida en los territorios.

«Es completamente normal», expresa José. «Porque eso es lo que les vendimos. Van a Cartagena, a Santa Marta. Regresan a casa con la cara bonita del país. Por eso les invitamos a que se acerquen a nosotros. Dentro de la comunidad.”

«El problema en Colombia es que no es el gobierno el que dirige. Es el poder económico el que lleva las riendas del país. Y mientras tanto, seguiremos muriendo. Nuestro grito es un grito para vivir», añade Yudis.

Refiriéndose a una conferencia pronunciada en París a finales de los años 90 sobre los mismos temas, Yudis admite: «Es triste que hoy estemos en la misma situación. Pero debemos seguir haciendo este trabajo de denuncia. Para que un día, por fin, podamos obtener la paz.” En Colombia solo cambian los nombres de los actores. «La guerra se está transformando. Pero las instituciones del Estado siguen vinculadas a él. Las empresas mineras tienen la plata. Financian. Los alcaldes son a veces empresarios bananeros. Mientras que las fuerzas oscuras están haciendo el trabajo sucio.”

A pocas horas de su regreso a Bogotá, Yudis y José recuerdan a los que ya no son. Sin armas, sin violencia. «Necesitamos solidaridad internacional. De su apoyo. Visibilizar lo que está sucediendo en nuestro territorio.”