Las recientes declaraciones de alias HH, excomandante del Bloque Bananero de las AUC, han puesto en el centro de la polémica a la reconocida empresa colombiana Postobón. El exparamilitar afirmó que la compañía, junto a otras multinacionales como Coca-Cola, habría financiado a grupos paramilitares durante el conflicto armado colombiano.

Estas revelaciones reavivan el debate sobre la responsabilidad empresarial en el conflicto armado colombiano y generan interrogantes sobre el papel que jugaron grandes corporaciones en la financiación de grupos ilegales.

Alias HH, en su testimonio, aseguró que las empresas no fueron obligadas a realizar estos pagos, lo que sugiere una relación más colaborativa entre el sector privado y los grupos paramilitares. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no se han presentado pruebas contundentes que corroboren estas afirmaciones.

Las acusaciones contra Postobón podrían tener graves consecuencias para la imagen de la compañía y para el sector empresarial en general. Si se demuestra la veracidad de estas afirmaciones, se abriría un nuevo capítulo en la investigación de la violencia en Colombia y se pondría en tela de juicio el papel que jugaron algunas de las empresas más importantes del país.

Los expertos en el tema señalan que las declaraciones de alias HH deben ser tomadas con cautela y que es necesario realizar investigaciones exhaustivas para determinar la veracidad de estas acusaciones. Sin embargo, reconocen que la historia de Colombia está marcada por una estrecha relación entre el sector empresarial y los grupos armados, y que las revelaciones de alias HH abren una nueva puerta para explorar esta compleja relación.

Hasta el momento, Postobón no se ha pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones. La compañía tiene la oportunidad de aclarar su posición y presentar pruebas que desvirtúen las afirmaciones de alias HH.

Las nuevas acusaciones contra Postobón ponen de manifiesto la necesidad de seguir investigando la relación entre el sector empresarial y los grupos armados en Colombia. Es fundamental que se esclarezcan los hechos y que se establezcan las responsabilidades correspondientes. Además, este caso plantea un debate más amplio sobre la responsabilidad social de las empresas y la necesidad de garantizar que estas actúen de manera ética y respetuosa con los derechos humanos.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá

Nuevas evidencias han surgido, esta vez a través de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que apuntan a la presunta financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por parte de esta multinacional.

Según la información recopilada, el frente paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra, con fuerte presencia en el Cesar, habría recibido sumas millonarias de Postobón durante la década de los noventa. Los excomandantes paramilitares Armando Madriaga Picón, alias ‘María Bonita’, y el propio Peinado, habrían detallado ante las autoridades cómo se establecieron estos pagos, que habrían alcanzado los 595 millones de pesos anuales.

De acuerdo con los testimonios, las AUC ejercieron presión sobre los comerciantes de la región para que vendieran productos Postobón, imponiendo cuotas mensuales de hasta 15 cajas de gaseosa por establecimiento. Quienes se negaban a cumplir con estas exigencias eran amenazados con el cierre de sus negocios.

Madriaga Picón describió un mecanismo en el que los distribuidores de Postobón le entregaban a él las cajas de gaseosa, las cuales eran vendidas en un depósito y el dinero obtenido era entregado a las AUC. Este sistema, según las declaraciones, habría sido ordenado directamente por el gerente de Postobón en esa época.

Ante estas graves acusaciones, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación para determinar si los aportes de Postobón a las AUC fueron voluntarios u obligatorios. En caso de confirmarse el financiamiento, la empresa deberá responder por sus acciones y participar en los procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado.