Bandalos entrevistó en París al presidente de la JEP, el 26 de noviembre del 2025, justo después de su reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y antes de emprender viaje a Suiza, con una etapa prevista ante la CPI. El presidente respondió con claridad a todas las preguntas planteadas.

Entrevista realizada por Guylaine Roujol

¿Qué cree usted que la comunidad internacional debería entender sobre la particularidad y la importancia de este sistema de la justicia?

Alejandro Ramelli Arteaga. La comunidad internacional debe entender que es un modelo diferente para ponerle fin a los conflictos armados internos. Combina la justicia transicional con la justicia restaurativa para la investigación y sanción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Es una respuesta mucho más adecuada a las sociedades que una amnistía, que, si bien resuelven un problema a corto plazo, dejan unas profundas heridas en las víctimas, en la sociedad, no hay verdad, no hay reparación. En cambio, este modelo busca el equilibrio y no es justicia retributiva, no es la cárcel por muchos años, porque ningún grupo armado en el mundo lo va a hacer, pero tampoco es una amnistía. Entonces, el punto medio donde ellos tienen que ir ante un juez, contar la verdad, participan víctimas y tienen unas sanciones diferentes, y esas sanciones están encaminadas a restablecer los daños que causaron.

¿Podría la experiencia colombiana servir de referencia para el mundo?

Es un modelo muy novedoso que tomando en cuenta la experiencia y las diferencias de cada conflicto, por supuesto, podría ser tomado en consideración por quienes están negociando la paz en otros lugares del mundo.

¿Cómo se puede asegurar que toda verdad va a salir?

A.R. Bueno, la verdad completa nunca sale. En ningún conflicto. Pero es la mayor verdad posible. Con esos beneficios que le otorgan a quienes aportan verdad plena y detallada, si logra sacar muchas verdades que en otros conflictos no han salido. Y no han salido, o porque los victimarios terminaron la cárcel y no van a hablar, o porque terminaron amnistiados y tampoco van a hablar. Los dos extremos llevan a que la gente no hable. Y es una verdad que nosotros tenemos que confrontar con fuentes, pero si usted miente pierde los beneficios. No es algo ingenuo.

¿Hubo casos en que se pudo medir que la gente no decía la Verdad y sacarlos de la justicia restaurativa?

A.R. Los que aceptan responsabilidad y dicen la verdad se van por la justicia restaurativa, los que quieren declararse inocentes se van por otro camino que es la justicia retributiva y pueden terminar con una pena privativa de la libertad hasta 20 años.

Una cosa es uno se declara inocente, y no va por esta vía, y otra cosa es que mienta, son dos situaciones diferentes. Algunos no aportan verdad o mienten y nosotros los hemos sacado del sistema.

¿La JEP tiene las posibilidades, los recursos suficientes para corroborar y investigar esto?

A.R. Le doy un ejemplo. unos miembros de la fuerza pública condenados por la retoma del Palacio de Justicia y por desapariciones forzadas, estaban condenados en la justicia ordinaria a 40 años de cárcel. Decidieron ir a la JEP. Hicimos una audiencia con las víctimas, no aportaron nada de la verdad qué hicimos nosotros, entonces se devuelven a la justicia ordinaria. Eran altos mandos militares, generales, coroneles.  Se hizo una contrastación, confrontamos las fuentes, citamos a las víctimas, hicimos unas audiencias y concluimos que no estaban diciendo nada. Perdieron los beneficios.

¿Que responde a los que consideran que la justicia transicional es demasiado indulgente?

A.R. No creo que sea una justicia indulgente por lo siguiente. Si uno toma el caso 01, estamos hablando de más de 21 mil secuestros, pero no solamente los secuestros, sino también investigamos todos los maltratos que sufrieron las víctimas en cautiverio, desapariciones, violencia sexual, torturas, maltratos, todo eso que nunca se habían investigado a fondo. Los antiguos jefes de las FARC estaban condenados por secuestro, a penas privativas de la libertad que nunca cumplieron y donde nunca hubo víctimas porque más fueron juicios en ausencia. Entonces nunca dijeron la verdad, nunca conocieron las víctimas y nunca pidieron perdón. Se someten a la justicia, se desarmaron más de 13 mil guerrilleros por ese proceso de paso, a cambio de que vayan a las audiencias, a que escuchen a las víctimas. Fueron tres días completos escuchando todas sus víctimas, tanto civiles como miembros de la fuerza pública, políticos, campesinos, escuchamos. Tuvieron que pedir perdón delante de ellos, que nunca había sucedido.

Y ahora que están condenados, en esos 8 años ellos tienen que hacer unos trabajos para restablecer los derechos de las víctimas: desminado humanitario, restablecimiento de ecosistemas, búsqueda de desaparecidos, temas de memoria. Todos esos proyectos tienen que trabajarlos ellos en ese tiempo para en algo enmendar los daños que causaron. Entonces no están en la cárcel, es verdad, pero están monitoreados permanentemente con los dispositivos electrónicos en unos lugares donde tienen que cumplir con esos trabajos.

¿Cómo se financian esos trabajos?

A.R. Esos proyectos deben tener una financiación porque obviamente cuestan y según el Plan Nacional de Desarrollo es el Estado que tiene que financiar. Y hay el presupuesto parcialmente. Es una de las discusiones que tenemos porque la ejecución de las sentencias es cerca de 120 mil millones. El gobierno hasta el momento ha garantizado 20 mil, faltan 100 mil. Bastante. Y hemos insistido en que cumplan con lo que falta. Pero esa parte ya la garantizaron por lo menos para iniciar estos trabajos.

¿Qué pasaría en el caso de que en el próximo gobierno en 2026 haya un presidente, un gobierno que no quieren implementar?

A.R. Estaría incumpliendo la constitución, porque los acuerdos de paz hacen parte de la constitución.

Sí, pero si se repite lo que pasó con Iván Duque, cuando no se implementó mucho el acuerdo de paz…

A.R. La Corte Penal Internacional firmó un acuerdo en el 2021 con el gobierno colombiano, donde el gobierno se comprometió a financiar todo lo de la JEP. Estaría incumpliendo el acuerdo con la Corte Penal Internacional y estaría arriesgando el país a que la situación de Colombia que se encuentra por el momento archivada podría reactivarse. La investigación que la CPI tiene sobre Colombia Por ese acuerdo 2021 está suspendida a condición de que cumpla. Nos estamos exponiendo a que nuevamente la Corte Penal Internacional pida a muchos máximos responsables allá.

¿Es también el motivo de su gira aquí en Europa?

A.R. Tenemos un acuerdo con la Corte Penal Internacional. Hay un suministro permanente, información, un intercambio de experiencias. Vamos a ir a la Corte Penal Internacional a hablar de las sentencias y un poco también alertar de la situación económica y decirle el Estado no está cumpliendo, porque es la verdad. Entonces esa alerta la tendría que hacer la Corte Penal Internacional al gobierno, decirle, mire, usted está incumpliendo el acuerdo que firmamos.

¿El gobierno actual?

A.R. El actual.

¿Hasta qué punto las víctimas influyen realmente en el tipo de sanciones impuestas a los responsables?

A.R. Bueno, este es un tema complejo por el alto número de víctimas. Entonces voy a hablar de cada caso. En el caso 01, participaron más de 4.300 víctimas, un número muy elevado. Las víctimas hicieron todo tipo de propuestas de reparación. Esas propuestas fueron sistematizadas, organizadas, y con base en todo lo que las víctimas pedían, se sacaron esos proyectos iniciales. Pero obviamente esos proyectos tienen que concretarse en más zonas del país. Y esos diálogos van a tener que seguir con las víctimas. No terminó acá, después de la sentencia tiene que haber más diálogos con las víctimas, con las comunidades donde van a cumplir.

¿Un ejemplo en particular?

A.R. Sumapaz es un territorio donde van a cumplir, pero antes, hay que establecer ese diálogo con las víctimas de allá porque están pidiendo que las FARC confiesen los crímenes cometidos en ese lugar. Con el caso 3, es más fácil porque esa concertación ya se logró con las comunidades de la Sierra Nevada, Santa Marta, entonces ahí no hay tanta dificultad van a empezar a cumplir sus condenas en Valledupar en el cementerio de Ecce Homo con la construcción de 700 osarios, en los territorios indígenas que ya está concertado con las comunidades.

¿Qué reacciones ha encontrado en Europa y aquí en Francia respecto a este trabajo o qué preguntas, que dudas?

A.R. Creo que es como una doble reacción. Por una parte, el apoyo europeo sigue a la jurisdicción, al proceso de paz y demás, pero nos han manifestado dificultades económicas también una reducción de la cooperación internacional, congelación de fondos, reducción. Quieren seguir apoyando el proceso de paz, la JEP, pero tienen dificultades en materia económica para aumentar el presupuesto de cooperación internacional.

¿Cree usted que la sociedad colombiana está avanzando hacia una reconciliación real?

A.R. Eso es difícil medirlo. Nosotros tenemos dos procesos transicionales todavía porque está Justicia y Paz que no terminaba, está la Jurisdicción Especial para la Paz, pero ninguno de los dos logró cerrar el conflicto porque quedaron actores por fuera, quedó el ELN por fuera. Ahora tenemos las disidencias. Tenemos las disidencias de las disidencias y tenemos el crimen organizado.

La propuesta del actual gobierno era cerrar todo eso que era la paz total, pero pues ya no tienen tiempo, hay todavía unas negociaciones ahí, pero la verdad es que ya no tienen tiempo de concretarse. Se abrieron muchas mesas de negociación al tiempo porque son muchos los actores y finalmente con varios de ellos la negociación está congelada. Está congelado con los del ELN, algo parece que están avanzando con los del Clan del Golfo, ahora llamado esto Gaitanista. El tema no está fácil.

¿El reclutamiento de niños por parte del EMC o de La Nueva Marquetalia y otros crímenes cometidos desde 2016 no entran adentro del papel de la JEP, eso será para otra jurisdicción un día en el future cierto?

A.R. El gran debate es cómo cerrar el conflicto con los que están por fuera. Lo que también hay que decir es el grueso de las FARC se desmovilizó la mayoría. El Estado Mayor Central fueron los que no negociaron y la otra disidencia de la Nueva Marquetalia se creó de los que se salieron del acuerdo de paz, Estaban allí Márquez, Romaña, el Paisa…

En algunas partes del país están enfrentados con el ELN, por ejemplo, en Catatumbo, en otras partes son aliados. Entonces el panorama es complejo. Hay determinadas zonas de Colombia, que es Catatumbo, Arauca, Nariño, parte de Antioquia, Cauca, que son como la zona más de frontera, donde la situación está mucho más complicada.

¿Eso perjudica un poquito la imagen que uno puede tener de la JEP, pues es como cerrar un conflicto mientras el conflicto sigue realidad?

A.R. Parte del problema, en mi opinión, es que, al no cumplir con todo el acuerdo de paz, pues eso de cierta forma es una de las causas de la prolongación de la guerra. Los dos motores de la guerra en Colombia tienen que ver con la tierra y con las drogas, básicamente. Entonces era el punto 4 y el punto 1. Si se hubiera cumplido el Acuerdo de paz en el punto 1, por ejemplo, que es la reforma agraria, pues a lo mejor se hubieran evitado más problemas, pero eso se ha cumplido muy poco. Ha generado que la guerra todavía siga.

¿Apoyar la implementación de estos puntos apoya también la paz?

A.R. Como esos puntos no fueron debidamente implementados, creo que es parte de la prolongación del conflicto.

¿Cómo se mide si se sienten escuchadas y satisfechas las víctimas? Hubo reacciones después de las sentencias. ¿Hay un dispositivo como para medirlo?

A.R. De las sentencias hay que hacer un análisis más profundo, porque la sensación mediática, es que las víctimas estaban en contra. Pero en el caso 1 de 4.300 víctimas, con 106 abogados, 8 apelaron la sentencia, 8. Y en el caso 3, ninguna.

¿En los 8 esta Ingrid Betancourt?

A.R. No sé si está Ingrid. Pero si no estoy de acuerdo con la sentencia, lo que tengo que hacer es apelar la sentencia. Los que apelaron fueron algunas entidades del Estado. Ahora, yo entiendo, digamos, el dolor de las víctimas, entiendo que les parezca insuficiente, entiendo que hubieran querido otro tipo de sentencia, pero eso fue lo que se negoció.