En una entrevista difundida por Cambio, el candidato presidencial Iván Cepeda afirmó que, de ser elegido, daría continuidad a la orientación social del gobierno de Petro, aunque marcando un énfasis propio, fiel a una convicción profunda: la urgencia de una “revolución ética”. El caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que dos exministros —del Interior y de Hacienda— se encuentran en detención preventiva mientras proclaman su inocencia, no solo estremeció a la opinión pública, sino que dejó al descubierto una red de corrupción en las más altas esferas del poder. Que recursos destinados a poblaciones golpeadas por desastres naturales hayan podido ser desviados constituye una línea roja y no admite dilaciones ni respuestas tibias.

Cepeda se apresuró a aclarar que no promete lo imposible. La erradicación total de la corrupción es una quimera política. Pero sí asumió un compromiso claro: una lucha constante, visible y sin concesiones, con reacciones inmediatas ante cada señal de irregularidad. En ese marco, evocó las virtudes de un modelo de austeridad republicana: el rechazo al lujo y al gasto ostentoso, la responsabilidad fiscal para evitar déficits excesivos y el despilfarro. No se trata de moralismo retórico, sino de coherencia en el ejercicio del poder. La lucha contra la corrupción comienza, inevitablemente, por el ejemplo de los altos funcionarios.

La historia reciente de Colombia es elocuente y poco indulgente. El Proceso 8000, la yidispolítica, el carrusel de la contratación, el escándalo Odebrecht, por citar solo algunos de los más emblemáticos, han dejado una enseñanza persistente: la corrupción no es marginal ni accidental, sino que alcanza a los actores más poderosos del Estado y de la economía. Estas prácticas no solo erosionan las instituciones, sino que terminan privando a la ciudadanía de recursos públicos esenciales y, con ello, profundizan las desigualdades sociales.

La postura de Cepeda revela una forma de lucidez política poco frecuente en el discurso electoral: ningún gobierno serio puede prometer un país sin corrupción. El verdadero dilema no es ese, sino otro mucho más incómodo: si el poder la combate o la tolera, si la sanciona o la normaliza, si la enfrenta o la instrumentaliza y, sobre todo, si está dispuesto a asumir públicamente el costo político que implica hacerlo.

Cada año, Transparency International publica el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), una herramienta imperfecta pero ampliamente reconocida. En una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (instituciones más íntegras), Colombia ha oscilado en la última década entre 36 y 44. Aunque no se sitúa entre los peores del mundo (la vecina Venezuela apenas alcanza 10), el país sigue anclado en la franja media-baja de América Latina, lejos de los estándares a los que aspira.

La lucha contra la corrupción no se ganará con discursos ni con leyes. Se ganará, o se perderá, con el ejemplo cotidiano del poder. Cuando quienes gobiernan se muestran irreprochables, envían un mensaje inequívoco: las reglas no son negociables. Por el contrario, la menor complacencia o el más pequeño privilegio indebido resquebrajan la arquitectura institucional. La impunidad se convierte entonces en aliada de la corrupción, la alimenta y le permite sobrevivir. Así se erosiona la confianza ciudadana y se alimenta la abstención, pues la percepción de corrupción, con frecuencia, pesa más que la corrupción real.

Sea cual sea el color político del próximo gobierno, una certeza incómoda se impone: la corrupción aparecerá, de una u otra forma, tarde o temprano. La verdadera diferencia no estará en su ausencia, sino en la rapidez, la firmeza y la credibilidad con que se la sancione, en la capacidad de cortar de raíz los abusos y de restaurar, con hechos y no con promesas, la confianza de la ciudadanía.