París, 21 de marzo de 2026.

Hay destinos que retratan a un país mejor que cualquier discurso. El de Carlos Eduardo Mora lo hace con una crudeza incómoda. No porque sea excepcional, sino porque desnuda una verdad que Colombia sigue evitando.

La ironía es feroz. Si Mora no hubiera ingresado al Ejército, habría sido un “falso positivo” perfecto. Su origen social —una infancia en Ciudad Bolívar, una madre desplazada por la violencia desde el Caquetá— y una vida marcada por la precariedad dibujan el perfil exacto que la maquinaria militar convirtió en trofeos durante los años más oscuros de la guerra.

Pero Mora creyó en el uniforme, en la justicia, en la institución. Enviado en 2006 al Norte de Santander, descubrió rápidamente la realidad: presión por resultados, rankings no oficiales basados en muertos, vínculos entre mandos militares y estructuras paramilitares. Cuando entendió que un supuesto guerrillero abatido era en realidad un civil indefenso, habló. Primero dentro del Ejército. Amenazas, intentos de asesinato, misiones sin protección en zonas dominadas por el EPL, presiones psicológicas… fueron las respuestas.

“Olvide lo que vio”, le dijeron. “Cállese”. El coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de prisión por la desaparición forzada y el homicidio de cinco jóvenes de Soacha, hoy beneficiario de “libertad transitoria y condicionada” tras someterse a la JEP, le advirtió sin rodeos: “Si habla, mato a toda su familia”.

Cuando estalló el escándalo de los muchachos desaparecidos de Soacha, acudió a la Fiscalía. Una vez más, su vida dio un giro peligroso: intentos de internamiento psiquiátrico, accidente sospechoso, amenazas. No se calló. Fue escuchado incluso fuera del país, hasta en la Casa Blanca y ante el Congreso de Estados Unidos. Acudió a la Comisión de la Verdad, a la JEP. Se convirtió en el primer militar colombiano beneficiario de medidas de protección exigidas por la CIDH. Aun así, terminó expulsado de hecho de su propia patria.

Destinado a la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, donde oficialmente debía trabajar con la Policía en temas de seguridad, el rector, un general retirado de inteligencia, Luis Fernando Puentes Torres, le pidió realizar perfilamientos de estudiantes y docentes supuestamente afines a Gustavo Petro, entonces candidato presidencial. La ilegalidad se disfrazaba de rutina administrativa.

Por experiencia, sabía que el sistema judicial no lo iba a proteger. Solo con la ayuda de una ONG logró salir de esa trampa y ser enviado temporalmente a Estados Unidos como instructor militar en derechos humanos. Un exilio encubierto, presentado como oportunidad.

En 2021, durante un viaje a Colombia, Mora concedió una entrevista a El Espectador en respuesta a la evasión arrogante del general Mario Montoya, quien sobre las víctimas de los falsos positivos declaró con desprecio que “ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño”. Mora reiteró entonces lo que el alto mando negaba ante la JEP: que no se trató de simples omisiones, sino de acciones deliberadas que venían desde arriba.

Pocos días después, sus hermanos recibieron una carta amenazante exigiendo su silencio y la casa de sus padres fue ametrallada. Abandonaron el país poco después, sin ayuda de ninguna organización. Trece años después del escándalo de Soacha, Mora comprendió que nunca encontraría la paz. En 2022, tras 22 años de servicio, dejó el Ejército para salvar su vida y la de los suyos. Empezó de cero en otro país, como inmigrante, sin ninguna red de apoyo.

Y llegó la humillación final. El Ejército no le pagó oportunamente sus cesantías, obligándolo a contratar un abogado y a perder parte de ese dinero para recuperar lo que era suyo por derecho. Hoy, se le sigue negando la pensión de retiro, alegando ahora un requisito de 25 años de servicio, cuando al momento de su ingreso bastaban 20.

La JEP reconoció que Carlos Eduardo Mora fue uno de los primeros agentes del Estado en denunciar los falsos positivos y que, por ello, sufrió amenazas, exilio y negación de derechos laborales. ¿La reparación? Inexistente. ¿La protección? Nula.

Hoy Carlos Eduardo Mora sobrevive fuera del país, sin pensión, sin respaldo, sin reparación. No traicionó al Ejército. El Ejército lo castigó por no traicionar la verdad. La justicia no lo protegió.

En Colombia, denunciar un crimen no convierte al culpable en responsable: convierte al denunciante en problema.