Paris, 28 de marzo de 2026.

El caso de Carlos Eduardo Mora no es un error administrativo ni una injusticia aislada. Es un patrón. Un sistema que premia la obediencia criminal y castiga la conciencia.

No todos los militares obedecieron las órdenes de cometer falsos positivos sin pensar. Algunos dudaron. ¿Muchos? Puede ser. Otros se resistieron. Unos pocos hablaron. Y casi todos fueron castigados. El sargento Alexánder Rodríguez Sánchez, de la BRIM15, advirtió lo que ocurría en el Catatumbo más de nueve meses antes de que estallara el escándalo de Soacha y fue ignorado. Acusado de intento de extorsión y capturado por el Grupo Antisecuestro y Extorsión (Gaula) del Ejército en diciembre de 2008, fue recluido en la cárcel Modelo de Bogotá. ¿Qué pasó con él después? Ni idea.

Raúl Carvajal Pérez denunció hasta su fallecimiento en 2021 el trato recibido por su hijo, Raúl Carvajal. Según él, su hijo le había contado con confianza, dieciocho días antes de su muerte, que iba a salir del Ejército, que había sido su vocación, porque le habían ordenado “matar jóvenes y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate”, orden que se negó a cumplir. La institución lo presentó como muerto en combate durante un enfrentamiento con la guerrilla el 8 de octubre de 2006, en El Tarra, en el departamento de Norte de Santander. A pesar de todas las inconsistencias por parte del Ejército, y de todas las pruebas que don Raúl había podido señalar respecto del asesinato de su hijo, nunca obtuvo justicia.

Jesús María Suárez es un militar retirado de 76 años que, al igual que Raúl Carvajal, ha dedicado su vida, desde la muerte de su hijo – también militar – Jesús Javier Suárez, el 18 de marzo de 2005, a lograr que se reconozca su fallecimiento como una ejecución extrajudicial. Con una diferencia de peso: en su caso, la Resolución 001 de 2022 de la SRVR de la JEP, emitida el 11 de julio de 2022, admite que « el subteniente Jesús Javier Suárez Caro perdió la vida a manos de las propias tropas en el marco del conflicto armado y de una operación militar de apariencia legítima”, que  “la operación contó con el apoyo directo de miembros de grupos paramilitares […] y que el comandante del BCG 79, señor David Herley Guzmán Ramírez, como superior, tuvo responsabilidad en la planeación y ejecución de este homicidio”.

En otras palabras, la JEP reconoce que Jesús Javier Suárez fue un falso positivo militar.

He entrevistado a otros militares en el pasado cuyas historias tenían muchas similitudes con las experiencias de Alexánder, Carlos, Raúl y Jesús, así como con las de los soldados del Batallón de Infantería Mecanizada N.° 6 Cartagena, en Riohacha, en el caso Atila, que se negaron a asesinar una muchacha desarmada.

Los falsos positivos no fueron solo una política de muerte hacia afuera. Fueron también una política de disciplina hacia adentro.

Todos describen la misma lógica: quien cumple órdenes asciende. Quien cuestiona es aislado. Quien habla se convierte en enemigo interno. Traslados punitivos, misiones suicidas, procesos disciplinarios, estigmatización, exilio o muerte. Esa fue la pedagogía real del Ejército durante esos años. ¿Quién sabe ahora?

La comparación entre Carlos Mora y el coronel Santiago Herrera Fajardo es demoledora. Ambos pasaron por la BRIM15, una de las unidades más señaladas por falsos positivos. Mora, entonces cabo, denunció y hoy vive exiliado, sin pensión, sin respaldo institucional. Herrera, en cambio, reconoció ante la JEP haber aplicado “tácitamente un modelo de criminalidad”. La prensa reveló que, en 2021, el coronel retirado Santiago Herrera firmó un contrato por más de 220 millones de pesos con el Ejército para enseñar derecho internacional humanitario.

En Colombia, el problema no fue solo matar civiles, sino castigar a quienes se negaron a hacerlo y premiar los asesinos.

El sistema de los falsos positivos no solo produjo miles de víctimas civiles. También destruyó por dentro a los militares que amenazaban su funcionamiento con algo tan peligroso como la ética. Muchos de ellos provenían de los mismos barrios, de las mismas carencias, de las mismas historias que las víctimas ejecutadas.

Mientras a los Mora se les nieguen las pensiones y la reparación, y a los Herrera se les reciclen contratos y prestigio, la promesa de no repetición será una farsa. 

Y las heridas quedarán abiertas.