París, 11 de abril de 2026.

«Los abracé, los perdoné. Me sentí muy mal. Empecé a llorar, sin poder detenerme. Creo que lloré más que cuando enterré a mi hijo».

No hay retórica posible frente a estas palabras. No provienen de un informe ni de una declaración pública. Me las confió una madre cuyo hijo fue asesinado por el Ejército. Y, sin embargo, en algún momento del proceso cuidadosamente diseñado de la justicia transicional, se le pidió algo más: perdonar.

Ese momento no fue espontáneo. Fue preparado durante meses, incluso años, en talleres, acompañamientos psicológicos y encuentros progresivos. La promesa era clara: verdad, reconocimiento, reparación, no repetición. Y, en filigrana, la reconciliación. Pero entre esos objetivos declarados se desliza, casi sin nombrarse, una expectativa más incómoda: el perdón como horizonte deseable.

¿Puede una sociedad reconstruirse sobre una emoción que, por definición, es íntima e intransferible?

En Colombia, tras los acuerdos de 2016, se optó por un modelo en el que la verdad pesa más que la cárcel. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) descansa sobre un principio de intercambio: reconocimiento de responsabilidad a cambio de sanciones alternativas. No se trata de impunidad, se nos dice, sino de otra forma de justicia. Una justicia que busca comprender y esclarecer antes que castigar.

Pero este equilibrio es frágil. Porque introduce una ambigüedad esencial. Cuando decir la verdad permite reducir la pena, ¿hasta qué punto esa verdad sigue siendo plenamente libre? Y cuando el arrepentimiento se convierte en una etapa esperada del proceso, ¿qué ocurre con el perdón que parece venir a responderle?

Algunas víctimas perdonan. Otras no. Otras lo condicionan a una verdad completa que aún no llega, especialmente sobre las más altas responsabilidades. Todas estas posiciones son legítimas. Porque el perdón no es un deber. Es una posibilidad.

Sin embargo, en la puesta en escena de la reconciliación, esa posibilidad tiende a transformarse en expectativa. Un militar que ofrece una flor, un abrazo filmado, lágrimas compartidas… las imágenes son poderosas, circulan en los medios de comunicación, tranquilizan. Sugieren que el país avanza, que las heridas comienzan a cerrarse. Pero toda dramaturgia tiene un costo. Y ese costo suele recaer sobre quienes ya lo han perdido todo.

Una responsable de una ONG me lo resumió con crudeza. Escuchó a algunos comparecientes repetir con sus abogados lo que dirían: «Ustedes saben lo que tienen que decir porque saben lo que ellos quieren oír». Si esto es así, la escena cambia de sentido. Ya no estamos necesariamente ante la verdad, sino ante su representación.

Y en ese contexto, el perdón corre el riesgo de convertirse en el último eslabón de una cadena de expectativas: después del crimen, después del duelo, después del proceso judicial, también habría que contribuir a la reconciliación nacional.

Ese es, quizá, el verdadero punto ciego del modelo. Haber colocado a las víctimas en el centro es un avance indiscutible. Pero hacerlas, implícitamente, responsables del cierre moral del conflicto es una carga excesiva.

Porque ¿qué ocurre cuando el perdón no libera, sino que pesa? ¿Cuando, tras el abrazo, la víctima regresa a casa más vacía que antes?

La paz no puede depender de ese gesto. No puede exigirlo, ni sugerirlo, ni escenificarlo. Debe poder sostenerse incluso en su ausencia.

De lo contrario, la pregunta persiste, incómoda pero inevitable: ¿no estamos pidiendo, una vez más, que las víctimas sean quienes hagan el último sacrificio?