París, 16 de mayo de 2026.

No pasa un solo día sin que nuevos casos aberrantes de maltrato animal sacudan las redes sociales. Crueldades que, para algunos, se vuelven casi ordinarias en la medida en que se multiplican, cada vez más frecuentes, cada vez más violentas. Hechos que rozan lo indecible para cualquier persona dotada de una conciencia mínima y un grado elemental de empatía. Lamentablemente, no es un fenómeno exclusivo de Colombia (¡ojalá lo fuera!), sino una violencia extendida a escala global.

El país se ha dotado recientemente de un instrumento jurídico de gran relevancia: la Ley Ángel. Con apenas unos meses de vigencia, aún no se ha instalado plenamente en las rutinas del sistema judicial. Su impacto mediático, sin embargo, ya la ha situado en el debate público y en la conciencia colectiva.

La historia demuestra que los primeros años de aplicación de una ley suelen marcar su trayectoria futura. Si se aplica de forma débil, se difunde mal o se diluye en prácticas alternativas, esa deriva termina por convertirse en norma implícita. Y una vez instalada, es muy difícil revertirla.

El artículo 521-1 del Código Penal francés —vigente en su redacción actual desde 2021, aunque existente desde 1994— prevé hasta tres años de prisión y 45.000 euros de multa por actos de crueldad y malos tratos graves contra animales. Si el animal muere, la pena puede llegar a cinco años de prisión y 75.000 euros de multa. Puede. Porque en la práctica, casi nunca ocurre. Los jueces franceses parecen afectados por una forma de amnesia institucional.

Los hechos son cada vez más conocidos, documentados y denunciados, gracias a voluntarios cansados y desbordados y asociaciones de protección animal. Entre 2017 y 2021, las infracciones aumentaron un 30 %, alcanzando 12.000 casos en 2021. Casi tres cuartas partes se archivan sin trámite. Y cuando hay condenas, suelen ser simbólicas: multas, penas suspendidas o medidas sustitutivas que terminan erosionando la credibilidad de la norma.

Hablamos de animales dejados sin alimento ni cuidados durante semanas o meses; de torturas difundidas en redes sociales; de abandonos que conducen a muertes lentas; toda la gama de atrocidades de la perversidad humana.

Dos episodios ocurridos la semana pasada en Francia ilustran perfectamente un sistema en el que parece más fácil ensañarse con un jubilado acompañado de un chihuahua que enfrentarse a verdaderos delincuentes.

En París, cerca de la Torre Eiffel —un sector desde hace años invadido por estafas a turistas y vendedores ambulantes ilegales—, la policía municipal intervino contra un hombre porque su pequeño chihuahua no llevaba correa. Tras negarse a identificarse, la situación escaló hasta requerir la intervención de la policía nacional y su traslado a una comisaría. El jubilado podría incluso recibir una multa.

Ese mismo día se conoció también el caso de un hombre que arrastró a su perra pastor belga detrás de su carro durante cerca de 500 metros, provocándole heridas atroces, y que terminó absuelto. El individuo aseguró haber “olvidado” que el animal seguía atado al vehículo… y los jueces fingieron creerle.

Existen disposiciones legales. Pero este tipo de delitos no es prioritario. Son visibles en redes sociales y, a veces, en la prensa regional, pero permanecen prácticamente invisibles en los medios nacionales porque se han vuelto habituales.

Colombia se prepara para elegir un nuevo presidente. Justicia y política son ámbitos distintos, pero son las autoridades las que definen las prioridades penales, asignan recursos, organizan unidades especializadas y estructuran la formación de los agentes.

Cuando una infracción no es prioritaria, queda relegada. Los expedientes se acumulan y los archivos sin trámite se multiplican. Eso es lo que ocurre en Francia. De izquierda a derecha, ningún partido ha hecho de este tema una prioridad. El silencio y la falta de reacción han contribuido a banalizar estas violencias. Los ciudadanos se indignan, pero nada cambia.

La Ley Ángel representa un avance notable. Pero la cuestión no es solo jurídica. Es profundamente política. Sin una voluntad clara y sostenida, corre el riesgo de convertirse en un texto cuya ambición se detiene en la puerta de los tribunales.

En un momento en que los candidatos a la presidencia definen sus posturas, los colombianos tienen derecho a preguntarse si harán de la protección animal una verdadera prioridad penal, si dotarán a la justicia y a la policía de los recursos necesarios y si crearán estructuras específicas para ello.

La protección animal puede parecer secundaria frente a los desafíos de un país aún marcado por grupos armados ilegales y profundas desigualdades sociales. Sin embargo, no se opone a la resolución de los conflictos ni a la lucha contra la pobreza. En sociedades atravesadas por la violencia, la manera en que se trata a los más vulnerables —niños, poblaciones marginadas, animales— suele reflejar su nivel de cohesión y su evolución ética.

La experiencia francesa lo demuestra: la movilización ciudadana y asociativa es esencial, pero no basta. Cuando casi tres cuartas partes de las denuncias se archivan sin trámite, no se trata solo de un problema judicial. Es una decisión de sociedad. Porque, en el fondo, la manera en que una nación protege —o no protege— a los animales dice algo profundo sobre su relación con la violencia, la justicia y la responsabilidad.