París, 27 de junio de 2026.

En una democracia, el poder no se ejerce únicamente a través de sus actos. También se manifiesta en las señales que envía.

Beto Coral no es ministro, ni senador, ni jefe de un partido político. Este activista colombiano, cuyo verdadero nombre es Franklin Humberto Coral Garrido, reside en Estados Unidos desde hace más de diez años. Para algunos es un denunciante, para otros, un agitador. Se le puede admirar o detestar. Esa no es la cuestión.

En los últimos meses se ha convertido en uno de los críticos más visibles y vehementes de Abelardo de la Espriella.

La víspera de su detención, el pasado 16 de junio en Phoenix, Arizona, por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia federal adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aún se manifestaba en Miami. Allí cuestionaba los vínculos del entonces candidato con Alex Saab, quien se declaró culpable en Estados Unidos en un caso de lavado de dinero, y evocaba las zonas grises que rodean el escándalo DMG, el gigantesco esquema piramidal que sacudió a Colombia a finales de la década de 2000.

Desde hace meses, Beto Coral multiplica las denuncias públicas contra quien asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo calificó como un «extranjero en situación migratoria irregular». Por su parte, el recuerda que su solicitud de asilo permanece en trámite desde hace casi diez años y que cuenta con un permiso de trabajo vigente. Corresponderá a los juristas debatir esas cuestiones. Hay, sin embargo, un hecho indiscutible: trabaja, paga impuestos y vive con su familia en Estados Unidos desde hace muchos años.

Pero algo llama la atención.

Horas antes de la detención, Abelardo de la Espriella publicó en X un mensaje enigmático anunciando que una buena noticia estaba por llegar para los colombianos patriotas que viven en el extranjero. El mensaje iba acompañado de dos imágenes. Una aludía al “quitavisas”, sobrenombre asociado a la política estadounidense de cancelación de visas. La otra mostraba una “tigreseñal”, símbolo utilizado durante su campaña presidencial. Revelaciones del New York Times indicaron además que las posiciones políticas de Beto Coral y su oposición a Abelardo de la Espriella habrían sido mencionadas en un memorando de la administración estadounidense.

Tomados por separado, ninguno de estos elementos constituye una prueba. Considerados en conjunto, conforman un cuadro de indicios que exige respuestas claras.

Al día siguiente de la detención, once miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta oficial a varios altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos Marco Rubio, para solicitar explicaciones sobre las circunstancias del arresto y expresar su preocupación por el respeto de las garantías fundamentales.

En una entrevista concedida a Daniel Coronell y difundida el 24 de junio, Beto Coral aparece cansado, pero combativo. Legítimamente preocupado, pero firme. Relata las presiones que, según afirma, ha recibido para aceptar una autodeportación a Colombia y explica que se negó a firmar los documentos que le presentaron. Más grave aún, sintió la necesidad de dejar constancia de que no tiene ninguna intención de suicidarse, tras un incidente relacionado con un cordón que supuestamente habría sido encontrado entre sus pertenencias, algo que él niega categóricamente.

Imaginemos a un periodista que investiga al futuro presidente. A un youtuber que prepara un video crítico. A un funcionario que posee información comprometedora. A un ciudadano que está considerando denunciar un abuso. Todos ellos ven a uno de los opositores más visibles del presidente electo privado de su libertad y amenazado con la expulsión. Ven interrogantes a las que nadie responde con claridad.

Y el mensaje resulta difícil de ignorar.

Las democracias no siempre sucumben bajo el estruendo de los tanques o de decretos liberticidas. Tampoco mueren siempre a manos de la censura oficial. A veces comienzan a erosionarse cuando los ciudadanos empiezan a autocensurarse.

El peligro no radica únicamente en que un opositor sea silenciado. Radica en que cientos de otros decidan callar antes incluso de que alguien se lo pida.

Si Abelardo de la Espriella no desempeñó ningún papel en este asunto, debería ser el primero en exigir que se esclarezcan completamente los hechos. El primero en reclamar el respeto escrupuloso de los derechos de Beto Coral. El primero en recordar que ningún ciudadano debe temer por su libertad por el simple hecho de criticar al poder.

Un presidente electo no solo tiene el deber de ser irreprochable. También tiene la obligación de disipar cualquier sospecha de intimidación.