Por Juan Trujillo Cabrera. 

Más allá que en Colombia las cárceles fueron convertidas en campos de concentración de pobres y opositores al gobierno, con muertes frecuentes; la Ley de Seguridad Ciudadana abrió la posibilidad al adefesio de la privatización carcelaria.

La crítica al sistema carcelario es ampliamente aceptada por penalistas y criminólogos, que coinciden en que el encarcelamiento durante el trámite del proceso constituye una pena sin condena. Incluso cuando el reo tiene sentencia condenatoria, el encierro se considera en muchos casos una reproducción de la criminalidad, que genera reincidencia y patologías psíquicas, para finalmente convertirse en una fábrica de delincuentes.

Pero en esta Navidad fue aprobada la ley que le permite al Estado contratar con los particulares la administración del encarcelamiento masivo.

Recuérdese que también en el Tercer Reich los particulares co-administraron los campos de concentración, con las consecuencias que todos sabemos.

No es secreto que el Estado colombiano está cooptado por los intereses privados y que la élite política proviene del sector empresarial.

En este escenario, con la Ley de Seguridad Ciudadana se modificó el Código Penitenciario y Carcelario, para que el Estado contrate con privados, el diseño, la construcción, dotación, operación o mantenimiento de la infraestructura carcelaria o penitenciaria a través de esquemas de asociación público privadas (APP).

Esto es un incentivo para que el encarcelamiento masivo se convierta en un negocio atractivo, por lo que la privación de la libertad tendría menos relación con la comisión de delitos.

Como todo negocio, el encarcelamiento podría ser regido por las leyes de la oferta y la demanda, y por el aumento de la producción y del consumo. A mayor número de presos, mayores serán las ganancias. A menor número de encarcelados, menos atractivo será el negocio.

La mercancía de ese macabro negocio seguirán siendo los jóvenes de los sectores marginales y los opositores, con los que el perverso sistema se alimentará.

Inversamente a este modelo de cosificación humana, se encuentra el sistema escandinavo, que promueve la mínima intervención del Derecho Penal y el desincentivo de la prisión. Se utiliza el encierro en pocos casos. El Acuerdo de Paz en Colombia, asesorado por Noruega, se inspiró en la justicia restaurativa, que atiende prioritariamente a las necesidades y la reparación de las víctimas.

Pero hoy, con la Ley de Seguridad Ciudadana han hecho trizas la dignidad y la libertad humana.