¡No sigan el camino de Francia!

No conozco personalmente a la senadora Andrea Padilla (Alianza Verde). Lo que sé de ella se resume en las numerosas campañas de esterilización que lidera y promueve con determinación en todo el país: verdaderas armas de protección masiva en favor de los animales. También conozco sus constantes denuncias de casos de maltrato, cada uno más indignante que el anterior. A través de sus intervenciones públicas, deja en evidencia, sin rodeos, la inacción culpable de muchas alcaldías dirigidas por mandatarios y políticos apáticos, egoístas, indiferentes ante el sufrimiento animal, como si esos actos inauditos de crueldad fueran un asunto menor, ajeno a sus preocupaciones.

Por el contrario, Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel, convierte su paso por la Tierra en una obra encaminada a reparar un mundo indiferente, donde el dolor animal es, con demasiada frecuencia, relegado al último plano. Lucha por despertar conciencias, frenar la crueldad, imponer la ética allí donde impera la indiferencia. Su presencia, aunque no redima la pasividad de los demás, basta por sí sola para justificar que aún se pueda creer en una humanidad capaz de compasión.

El 2 de marzo de 2025, el Congreso aprobó una normativa destinada a fortalecer la lucha contra el maltrato animal en Colombia: la Ley Ángel, llamada así por ese perro mártir cuya piel fue desollada en un 80 % en octubre de 2021 en Saboyá, Boyacá, por un degenerado que siguió viviendo en libertad con la bendición de la fiscalía.

Este horroroso caso de maltrato conmocionó al país, al menos entre la gente normal y cuerda, que cree que su condición bípeda no les da derecho a torturar a otros animales y que no disfruta de este tipo de espectáculos.

Quienes luchan por hacer avanzar la legislación

Cuando esta ley entró en vigor, los animalistas se regocijaron. Tenían razones para sentirse orgullosos. En un país donde las atrocidades cometidas en la costa (aunque no solo allí) rivalizan en crueldad e imaginación con las que se denuncian aquí y allá en Bogotá, en otras grandes ciudades y hasta en los rincones más remotos del campo, vieron en ella una posibilidad real de actuar. Nunca se agradecerá lo suficiente a quienes luchan, día tras día, por hacer avanzar la legislación en este sentido.

Ahora bien… ¡Atención! Entre la promulgación de una ley y su aplicación efectiva puede haber un abismo. Y, en materia de protección animal, ese abismo es aún más amplio, casi laberíntico. Porque, si bien el animal ha dejado de ser, jurídicamente, un objeto, en la práctica sigue siendo tratado como tal en demasiadas ocasiones.

Tomemos el ejemplo de Francia. La ley n.º 2021-1539 del 30 de noviembre de 2021 establece, por ejemplo, que, en casos de maltrato hacia un animal doméstico, «cuando los hechos hayan provocado la muerte del animal, las penas se elevan a cinco años de prisión y 75 000 euros de multa». Una formulación clara, firme, que expresa una voluntad política aparente. Pero, en la realidad judicial, ¿cuántas de esas penas se aplican realmente? ¿Cuántos casos se archivan por falta de seguimiento, de pruebas concretas, o simplemente por desinterés hacia la víctima? Porque sí, el animal es, sin duda, una víctima.

Una ley aprobada, pero nunca aplicada

¿Qué creen que sucede? Nunca se dictan los cinco años de prisión. Tampoco dos o tres… Como si los magistrados quisieran transmitir el mensaje de que los culpables aún no han alcanzado el límite máximo de crueldad posible. A veces, alguno recibe una condena de seis meses en suspenso, lo que le permite seguir su vida sin cambios; una prohibición de tener animales, aunque en Francia no existe ningún mecanismo que permita verificar su cumplimiento; o una multa que rara vez equivale a un salario mínimo, que será (o no) pagada posteriormente.

En casos extremos, tal vez juzgados por magistrados un poco más sensibles que otros, se impone un año de prisión. Pero como las cárceles están saturadas y estos individuos no son considerados peligrosos para la sociedad, simplemente no ingresan. En todos esos casos, el castigo resulta casi más insultante que la ausencia de este. Los culpables ni siquiera se ven a sí mismos como tales. Para ellos, todo esto no es más que una pérdida de tiempo compareciendo ante el juez.

No basta con inscribir la compasión en el mármol de la ley. Se necesitan magistrados que la apliquen. Policías y veterinarios capacitados. Ciudadanos dispuestos a denunciar, testigos decididos a hablar. Se necesita una cadena. Y en esa cadena, cada eslabón cuenta. De lo contrario, los textos más nobles no son más que letra muerta.

Una ética pública

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 ya había marcado un hito histórico al reconocer al animal como «ser sintiente». La Ley Ángel va más allá. Pero mientras en ciertos pueblos se siga quemando vivos a los perros, mientras en las esquinas de las grandes ciudades se vendan cachorros como si fueran pandebonos, mientras se les viole o torture en un silencio institucional ensordecedor, harán falta más que leyes: hará falta una voluntad colectiva, un coraje político, una ética pública.

Por eso figuras como Andrea Padilla, y quienes trabajan con ella, se vuelven cruciales. Porque recuerdan, día tras día, que la compasión no es una opción, sino una exigencia. Y que la indiferencia, esa sí, mata.

Cada vez que me desplazo por Colombia —a pie, en bus, en carro— me invade el temor de presenciar escenas que me revuelven el corazón. Aquí, perros abandonados o nacidos en la calle; allá, otros atropellados por camiones; los que permanecen atados de por vida en el campo o confinados a la fuerza en terrazas expuestas a las inclemencias del clima, flacos, tristes, resignados… La lista sería demasiado larga para enumerarla aquí.

A los animalistas de Colombia, quisiera enviarles energía, la fe de quienes saben que no hay otra opción que proteger a los más vulnerables entre nosotros —animales humanos y no humanos— para que no se rindan. Estos últimos años, vi con mucha esperanza crecer una ola animalista al otro lado del Atlántico. No tiene color político. No es de derecha ni de izquierda. No agita la vida como una bandera electoral: actúa para proteger la calidad de esa vida y exigir respeto por ella.

A todos ellos, y a quienes quieran unirse a su causa; a Andrea Padilla y a todas las personas de buena voluntad: no permitan que los jueces conviertan la Ley Ángel en un simple adorno, una ley mostrada como trofeo, pero aplicada de forma parcial o inexistente. Esta ley solo se desgastará si no se usa.

Se los ruego: no sigan el camino de Francia.
Al contrario, ¡muéstrennos uno nuevo!