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Consecuencias procesales de la falsa Fiscal

Consecuencias procesales de la falsa Fiscal

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Claudia Lozano Doria llegó a la Fiscalía el 4 de septiembre del 2000. Hoy es famosa porque fue condenada a mas de 12 años de prisión por posesionarse con documentos falsos, empezando por su falso título de abogada.

¿Qué consecuencias legales tiene esa condena para los procesos que adelantó?

La condena por falsedad en documento público de una persona que ejerció como fiscal durante 13 años en Colombia, al descubrirse que no era abogada, desencadena una serie de graves consecuencias tanto a nivel legal como social.

Es altamente probable que todas las decisiones judiciales en las que esta persona intervino sean anuladas, ya que su falta de título profesional invalida su actuación como fiscal. Esto implica la repetición de los procesos y, en algunos casos, la liberación de personas injustamente condenadas. Algunas de esas decisiones adoptadas por la falsa fiscal, fueron:

  • Iniciar o archivar una investigación
  • Definir la línea investigativa
  • Solicitar medidas cautelares
  • Realizar actos de investigación
  • Valorar las pruebas
  • Imputar cargos
  • Definir la calificación jurídica
  • Seleccionar las pruebas
  • Negociar acuerdos
  • Presentar la acusación
  • Solicitar pruebas
  • Refutar alegatos de la defensa
  • Solicitar la condena
  • Solicitar modificaciones a la pena
  • Solicitar la libertad condicional
  • Apelar
  • Abstenerse de acusar
  • Presentar teoría del caso y alegatos de conclusión
  • Efectuar descubrimiento probatorio
  • Suspender y cancelar el poder dispositivo sobre bienes

La condenada perderá definitivamente su cargo como fiscal y cualquier otro cargo público que haya ocupado.

Además de perder el cargo actual, queda inhabilitada para ejercer cualquier función pública en el futuro.

La condena por falsedad en documento público conlleva penas de prisión y multas, según la gravedad del delito y las circunstancias del caso.

La condenada podría ser demandada civilmente por las víctimas de sus actuaciones ilegales, quienes podrían solicitar una indemnización por los daños causados.

Las personas que fueron objeto de procesos judiciales en los que intervino el fiscal falso pueden sufrir un daño psicológico significativo al conocer que sus derechos fueron vulnerados por una persona que no tenía la formación ni la autorización para ejercer esa función.

La Fiscalía en su conjunto puede verse afectada por la conducta de uno de sus miembros, lo que puede generar una percepción negativa de la Fiscalía y de sus funcionarios.

Es posible que otras personas hayan participado en la falsificación del título profesional o en el encubrimiento de esta irregularidad. Estas personas también podrían ser investigadas y condenados. 

Además de las consecuencias penales y civiles, la condenada podría enfrentar un proceso disciplinario en el que se le impongan sanciones adicionales.

La Responsabilidad del Estado colombiano 

La responsabilidad del Estado en casos donde un funcionario público, como un fiscal, ha ejercido sus funciones sin la titulación requerida es un tema complejo que involucra diversos aspectos legales y éticos.

Si se demuestra que el Estado, a través de las instituciones encargadas de la selección y contratación de funcionarios, no llevó a cabo los controles necesarios para verificar la autenticidad de los títulos presentados por la fiscal, podría ser considerado responsable por omisión.

Las actuaciones de un fiscal sin título pueden haber violado los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos judiciales en los que participó.

Si se establece la responsabilidad del Estado, las consecuencias pueden ser múltiples:

Las personas que sufrieron daños como consecuencia de las actuaciones ilegales del fiscal podrían demandar al Estado y obtener una indemnización por los perjuicios causados.

La gravedad de las actuaciones ilegales y el daño causado a terceros son factores relevantes.

Si el Estado tenía conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la falsedad del título, su responsabilidad será mayor.

La evaluación de si existían mecanismos de control adecuados y si estos fueron aplicados correctamente es fundamental.

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