Los últimos años en Colombia serán recordados por el ascenso y consolidación del Derecho Penal del Enemigo, que ha utilizado a las agencias del Estado en contra de los opositores.

Cada vez más el Derecho Penal le viene negado la condición de persona a las capas más débiles del tejido social y especialmente, a los contradictores del gobierno. Así se trate de un estudiante, se le ha estigmatizado de “vago” desde el congreso de la república y de “resentido social” hasta criminalizarlo, porque su derecho a la protesta ha incomodado al statu quo. 

En palabras de Zaffaroni, el enemigo no es cualquier infractor, sino que es el otro, el extraño, el disidente, al que socialmente se excluye.  

Nuestra dirigencia ha construido al Enemigo a partir de estereotipos que se engloban en una masa de criminales, los “otros”; para diferenciarlo del “nosotros”, la “gente de bien” y así, justificar el holocausto de “los buenos muertos”.

Esos otros son los más pobres, los opositores y los extranjeros. También las mujeres marginadas que abortan y pequeños delincuentes, sobre los cuales se centra la criminología mediática, la de los locutores de radio y televisión. 

Hizo carrera en Colombia etiquetar de “vándalos” a los estudiantes que protestan en las calles, exigiendo por una educación pública gratuita para todos los ciudadanos, como en cualquier Estado Social de Derecho.

Con los acuerdos de paz, se quiso trasladar ahora al enemigo a las ciudades. 

Defensores de derechos humanos, ambientalistas y activistas son perfilados por los organismos de inteligencia. Se ha desatado la guerra contra un sector de la población, con permanente presencia del ejército en las calles, deslegitimando con esto al mismo Derecho Penal, que está concebido para una comunidad en paz. 

El nuevo autoritarismo se ha arraigado fácil en el Narcoestado, con una clase media endeudada y ávida de enriquecimiento rápido.  

El Derecho Penal ha sido permisivo con la justicia ejercida por los terratenientes, con las represiones brutales a los manifestantes; con las torturas y las decapitaciones “ejemplificantes”, las deportaciones a extranjeros y las masacres. 

La Fiscalía se ha especializado en inflar imputaciones y construir la nebulosa idea de terrorismo, en torno al opositor y al manifestante. 

La falsa guerra contra las drogas le ha facilitado a las agencias estatales la introducción de elementos inquisitivos, como la recompensa al delator, la vigilancia masiva, el agente provocador y los falsos testigos. 

Otro punto ha sido la persecución a valientes periodistas, que en el país y en el exilio están publicado reconocidos trabajos de revisionismo histórico.  

Nuestra generación no había vivido en un Estado que le declarara la guerra a su propio pueblo, cuya gran mayoría de habitantes encaja en la idea del Enemigo, pues Colombia es el segundo país con mayor nivel de desigualdad de América Latina, según el Coeficiente de Gini, superado solamente por Haití, donde, por cierto, se investiga a 26 militares colombianos por tortura y homicidio al presidente de la hermana nación. 

Y aunque la Corte Constitucional tumbó la aberrante cadena perpetua, el gobierno no descarta en convocar a un referendo para sacar avante este adefesio. 

Los últimos años serán recordados como los más degradados de la historia penal colombiana, la del Derecho Penal del Enemigo.