Llegó el 2022 y a medida que se acerca la fecha para elegir un nuevo presidente y especialmente un nuevo Congreso, crece la esperanza en la ciudadanía. Por primera vez en la historia de Colombia hay una indignación casi generalizada y la decisión de sacar definitivamente a la mayoría de legisladores que han sido principalmente de derecha o que han formado “conveniente” coalición con el gobierno, puede convertirse en una realidad.

A lo largo de su existencia y con un cinismo ya desbordado, el Congreso con mayorías de corte fascista, ha aprobado varias leyes incluso en claro y consciente conocimiento del perjuicio a los ciudadanos,  tramitando proyectos propuestos por el gobierno que se aprueban sin ser discutidos, en abierta sumisión a previos acuerdos perversos con el Ejecutivo. La codicia de los miembros del Congreso de Colombia, la falta de moral y el poco respeto y compromiso que le muestran a sus electores, ya se salió de madre.

Es repudiable la manera alevosa y desafiante con la que los legisladores del país adquieren sus escaños y ejercen la función representativa no siempre conferida legalmente por el pueblo. Desde las provincias hay sucias maniobras y negociaciones que se hacen por millones de pesos para colocar en el Congreso de Colombia a los representantes de los clanes que manejan las regiones. En manos de estos delincuentes está el destino de los colombianos, ellos son los que diseñan el presente y futuro de la población aprobando leyes que los benefician y garantizan un feliz maridaje con el gobierno de turno.  

Con el transcurso de los años como integrantes de la rama legislativa, la mayoría de “asaltantes de la patria” se fueron arrancando con sumo descaro las caretas y mandaron al carajo la poca vergüenza que alguna vez tuvieron. La responsabilidad consagrada en la Constitución de Colombia para hacer leyes que beneficien a la ciudadanía y sirvan como instrumento de sana convivencia y regulación social, no es prioridad ni existe dentro de sus agendas.
Con osadía y corrupción muchos, muchísimos, “honorables” congresistas se convirtieron en fichas claves de un Congreso que pasó a ser una organización delictiva a punta de actos de corrupción, degeneración e inmoralidad impensables para un legislador decente de Colombia y de cualquier país del mundo. Violan descaradamente la Constitución sin consecuencias y en cada periodo legislativo con sus propuestas y desatinos van hundiendo en el abismo a los colombianos y enterrando la democracia de un Estado Social de Derecho que ya no existe. Antro de corrupción.

El Congreso de Colombia gracias a la mala conducta de una gran mayoría de sus integrantes, pasó a ser un antro de corrupción en vez de sostenerse como el Honorable Congreso de la República, bastión o cuna de una verdadera democracia representativa como se establece en la Constitución.

Los muchísimos miembros del Congreso de Colombia que se cagaron y se cagan en la honorabilidad de sus funciones y especialmente en el poder delegado por el pueblo soberano, perdieron el rumbo. Ahora, ejercen como socios en un mediocre y feroz escenario desde el que legislan con dolo en detrimento del pueblo y donde la corrupción e impunidad se asentó quizá, indefinidamente si es que los colombianos no demuestran coraje y decisión y salen por millones a votar en las próximas elecciones en marzo de 2022.

El pueblo sabe que si el escrutinio es limpio, es muy posible que desde las urnas consigan desinfectar las curules que la mayoría de congresistas convirtió en sus letrinas. En marzo, el pueblo de Colombia debe tener claro que con su voto puede cambiar el Congreso y escoger legisladores capaces de promover leyes que se enfoquen en el desarrollo económico, la inversión social y laboral construyendo justicia, equidad y paz. Un congreso que pase a elaborar  planes educativos profesionales y de oficios técnicos permitiendo a las nuevas generaciones tener opciones reales para la reconstrucción del país y de sus propias vidas. Por fortuna parece que el pueblo de Colombia ya no es el de tiempos pasados, ovejas que se dejaron manipular, ahora hay una juventud dispuesta a luchar y escoger representantes dignos que mantengan la concertación previa a la toma de decisiones y que tengan claro que están en sus escaños para hacer leyes para beneficio general y ejercer control político sobre los gobiernos y sus administradores.

Debido a las claras funciones estipuladas en la Constitución, los legisladores están obligados a ejercer su labor enfocados en crear condiciones de progreso para el país y no en perjudicar al pueblo, su tarea está ligada al compromiso de representar a sus electores y elaborar leyes de beneficio general.

En una verdadera democracia y sobre todo en un Estado Social de Derecho es sagrado el mandato popular materializado con el voto en elecciones. Es ilegal, criminal, inmoral e inaceptable, que una gran mayoría de legisladores conformen una banda de atracadores y desde sus curules se dediquen a enriquecerse y repartirse la guaca llamada Colombia. La Constitución establece unos parámetros legales para los funcionarios del Estado, pero de manera arbitraria el gobierno y el legislativo muchas veces obran en contrario, burlando de manera criminal la voluntad del constituyente primario. La corrupción política, la violación de Derechos Humanos y las malas prácticas para despojar a los colombianos de los recursos públicos se volvieron normales. Esto no puede tolerarse más, si verdaderamente queremos un futuro digno para nuestra descendencia, solo queda enfrentar la realidad con decisión y sacar del poder a las mafias criminales. Mafias, que observan nuestras vidas y nuestras familias con el mayor desprecio, empeñados en aniquilar opciones de progreso y de realización de las legítimas aspiraciones a las que tenemos derecho. En Derecho Penal el Dolo es básicamente la mala intención con la que se actúa. Los congresistas de Colombia saben que promulgan leyes con las que están violando la Constitución y, son conscientes que muchas de ellas no propenden por el bienestar de los nacionales. Con pleno y consciente conocimiento de sus consecuencias adversas y, a sabiendas de que los proyectos o leyes que se aprueban no benefician a los colombianos, pasan por encima de la voluntad y necesidad de sus ciudadanos y con muy pocas deliberaciones incluso a “pupitrazo limpio”, terminan aprobando leyes. Leyes que afectan y cercenan derechos, restringen y coartan libertades o perjudican y recargan seriamente la economía familiar con lo cual empobrecen y endeudan sin consideración alguna a los colombianos ahondando las diferencias sociales y la miseria.

A cambio hay que aguantar que ellos con alevosía y cinismo, aseguren sus beneficios como congresistas con sueldos exorbitantes que incluyen vacaciones y pagos de salarios sin ir a trabajar o mejor dicho sin calentar silla. Muchas veces los hemos visto comiendo, jugando en el teléfono, durmiendo y aprobando a la ligera y otras abiertamente con dolo, leyes que van en detrimento del nivel de vida de la mayoría de los colombianos. Es sabido que muchos de ellos, no pagan impuestos son parásitos, evasores profesionales, mientras que un ciudadano común no puede retrasarse porque rápidamente le caen encima las autoridades tributarias y pueden hasta meterlo en la cárcel por incumplimiento en la deuda o por evasión fiscal. Lo más indignante es que el mismísimo director de impuestos puede evadir impuestos y aunque se descubrió que tiene cuentas en paraísos fiscales, ninguna autoridad de control cae sobre estos funcionarios. Nadie  se mueve para abrir investigaciones, los niveles de la corrupción son selectivos y estos burócratas no están sometidos a la ley, una ley que solo opera en contra del ciudadano común. Una razón adicional de gran peso para que la ciudadanía vote por millones por el gran cambio que permita remover del camino a estos congresistas y gobiernos sinvergüenzas corrompidos cuyo único objetivo suficientemente claro es continuar engañándonos y seguir con el mismo sometimiento y saqueo de los dineros destinados al progreso de la nación.

Mediante ejemplo cabe mencionar algunas de las leyes dolosas presentadas en las últimas tres décadas por los gobiernos de turno y aprobadas por las mayorías del Congreso de la época con las que abiertamente se ha perjudicado a los colombianos:

1- La ley 50 de 1990 que desmejoró las condiciones y estabilidad laboral en relación con los contratos indefinidos, recargos nocturnos y dominicales y condiciones de equilibrio del contrato de trabajo que dio origen a los actuales contratos esclavistas de prestación de servicios a término fijo.

 2-La ley 100 de 1993, que supuestamente era para organizar la prestación de los servicios de salud a la comunidad y que resultó ser el gran negocio de las EPS que desmejoró a los colombianos la atención de salud y propició la quiebra y desfinanciación de varios hospitales públicos. Se enfocaron en beneficiar a y enriquecer a los intermediarios.

 3- Las reformas tributarias de 2019 y 2021 que van en contra de las mayorías, perdonan impuestos  concediendo exenciones a los grandes capitales del país y a las multinacionales. Para cubrir esos faltantes en el presupuesto nacional, se incrementan impuestos a los ciudadanos de clases bajas y medias que ven desmejorados y reducidos sus miserables ingresos de sobrevivientes.

4- Con el mismo cinismo que les caracteriza el Congreso hundió recientemente la ley que proponía reconocer al campesinado como sujeto de derecho y su derecho a la territorialidad entre otros. 

Los gobiernos hacen de las suyas porque cuentan con congresos que “trabajan” en contubernio y promueven leyes que los enriquecen, aunque se lleven a más de medio país por delante.

A finales del pasado año, Duque en época preelectoral, incumpliendo una orden judicial anuló la Ley de Garantías, “mediante la cual se prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contrataciones directas durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales”, y lo hizo a pesar de que en su momento, él mismo como senador en 2017 y también Uribe en 2014 aseguraba que hacer algo así era de “malos perdedores y tramposos”, cuando en la campaña de reelección Santos pretendió hacer lo mismo con la Ley de Garantías. De igual forma se legisla con dolo al aprobar la explotación minera en la que entregan concesiones por más de 20 años, comprometiendo la riqueza natural y el agua potable a la que tienen derecho las comunidades de las regiones. No les importa la contaminación del medio ambiente ni que se atente contra la vida de flora y fauna, humedales y páramos produciendo daños irreversibles sin que ésta realidad haga reaccionar al menos mínimamente la conciencia de estos monstruos y el desenfreno de su codicia.

Por último y en una extrema mezcla de desprecio de falta de respeto y provocación, el despreciable engendro que gobierna en Colombia como muestra viva del que dijo el matarife, se atrevió a proponer y el Congreso con sus mayorías a aprobar, es decir nos escupieron a la cara la tal Ley de Seguridad Ciudadana, que no es otra cosa que el respaldo legal a todos los atropellos y desmanes que pretenden continuar haciéndonos. En consecuencia, se deben entender estos actos antipatrióticos del gobierno y los congresistas del partido y de su coalición, como la razón definitiva para desterrarlos desde las urnas y quitarles la conducción del país y del recinto del congreso y ojalá de la vida pública. Sería una acción inédita y absolutamente justificada de la sociedad colombiana que parece que entiende la coyuntura histórica que vive. Tenemos la oportunidad única y al alcance de la mano, debemos materializar lo que era imposible e intentar el acto heroico de entrar sin miedo y de manera decidida al siglo 21. ¡“Bienvenidos al verdadero futuro”!, saquemos a todos estos parásitos que obstaculizan el avance del pueblo colombiano, sigamos luchando por alcanzar el destino que una patria de las características de nuestra querida tierra merece.

¡Votemos en primera vuelta por millones y solucionemos de manera definitiva el karma de indiferencia que nos persigue!