El Estado Policiaco es el que, bajo la excusa de proteger a la sociedad de algún enemigo, se ensaña administrativamente en disciplinar la conducta individual y moral de los ciudadanos.

A ésta descomposición se llega cuando se adoptan medidas que le permiten a los agentes administrativos inmiscuirse en la vida íntima de los ciudadanos. Expertos consideran que el Estado Policiaco es la antesala al Autoritarismo Cool, un régimen marcial dirigido por civiles, pero disfrazado con una sobrecarga de entretenimiento y farándula.

En el Estado de Policía el poder punitivo se administrativiza. Así, para eludir el control constitucional de los jueces penales, la coerción se realiza sagazmente desde el Derecho Administrativo. Esta situación se percibe cuando los enemigos son definidos principalmente por las agencias administrativas, esto es, por los Ministerios, departamentos administrativos y superintendencias. Pero finalmente son los policiales administrativos los que retienen temporalmente al ciudadano y así, van creando una estadística. Este volumen de información lo ingresan al Big Data, que comparten con las demás agencias, empresas y bancos. Una vez es reseñado en el sistema, el ciudadano ya nunca volverá a salir de esa caja negra.

Es preocupante cómo los síntomas de un Estado Policiaco empiezan a percibirse en Colombia. Las alarmas se encendieron cuando el Estado adoptó decisiones dirigidas a minimizar el daño cometido por sus acciones arbitrarias. Lo primero que se ha buscado es restringir la indemnización por detenciones carcelarias. El Consejo de Estado, máxima autoridad en lo contencioso administrativo, ha limitado la indemnización a personas injustamente privadas de la libertad. Esto aumentará inevitablemente el número de detenciones arbitrarias.

Por otra parte, se quiere eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear la Dirección de la Administración Judicial. Por su nombre, la nueva entidad no pertenecería a la Rama Judicial, sino que nacería como una agencia administrativa, con las implicaciones que ello pueda tener en el ejercicio de la abogacía.

Se quiere crear una Super-Procuraduría. El nuevo órgano -altamente politizado- tendría agentes encubiertos y facultades para realizar extinciones de dominio.

Verdaderamente crítico para el ejercicio del derecho de defensa, es la nueva disposición de criminalizar a los abogados defensores. Los penalistas pagarían una pena de prisión de 6 a 10 años, cuando defiendan a “grupos delictivos” sin que hayan podido demostrar el origen lícito de sus honorarios. Ante el rechazo que generará por parte de abogados independientes asumir la defensa de “grupos delictivos”, convenientemente la Defensoría del Pueblo ha expedido una resolución que autoriza a la entidad a cobrar honorarios.

Algunos quieren atribuir funciones jurisdiccionales a Notarías, centros de conciliación y arbitraje. Esto significa privatizar la justicia, dejándola en manos de agencias paralelas de la Administración, que en últimas son dirigidas por cuotas burocráticas del gobierno de turno.

En este proceso de selección del enemigo, desde agencias administrativas se ha empezado a estigmatizar a las personas tatuadas, como individuos “drogadictos y libertinos”.

Otro enemigo puede resultar de la creación del Ministerio de Familia. Esta agencia formularía acciones judiciales en defensa de la familia, lo que puede convertirse en una verdadera persecución en contra de aquellos que ideológica y fanáticamente, sean etiquetados como “agresores de la familia”.

También ha resultado controversial el decreto que persigueal consumidor de dosis mínima de droga, sometiéndolo a un engorroso proceso verbal ante agentes de policía.

Por último y para calmar los ánimos de cualquier indignado, existe la intención de reglamentar la protesta social. Se quiere que una Ley expresamente señale, qué protestas en contra de la Administración se permiten, en qué lugares, qué días y exactamente cómo deben realizarse. Obviamente las que no se ajusten a estos parámetros, serían objeto de una buena reprenda policial.