En un hecho sin precedentes, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires ha admitido una querella contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. La denuncia, presentada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), se enfoca en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos» ocurridas durante su mandato.

La querella, que se basa en el principio de Jurisdicción Universal, marca un hito en la lucha por la justicia para las víctimas de estos crímenes. La defensa de las víctimas ha celebrado la decisión del tribunal argentino como un avance significativo.

Ayer, el fiscal federal argentino Federico Delgado destacó la importancia de este proceso en una entrevista, señalando que «la justicia argentina tiene el deber de actuar cuando se trata de crímenes de lesa humanidad que afectan a la comunidad internacional». Delgado subrayó que la Jurisdicción Universal permite que tribunales en países distintos del lugar de los hechos puedan investigar y juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales.

Por su parte, Uribe ha negado repetidamente cualquier responsabilidad en los «falsos positivos», argumentando que estos crímenes fueron perpetrados por elementos aislados dentro de las fuerzas armadas y no reflejan políticas gubernamentales. Sin embargo, esta nueva investigación podría arrojar luz sobre el alcance de la responsabilidad de altos mandos en estos hechos.

Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas esperan que este proceso traiga justicia y visibilidad a los casos de los «falsos positivos», y sirva de precedente para otros líderes acusados de violaciones similares.

La comunidad internacional observa de cerca este proceso, que podría establecer un nuevo estándar para la responsabilidad de altos funcionarios en crímenes de lesa humanidad. La noticia ha resonado en varios países de América Latina, donde otros líderes enfrentan acusaciones similares, y se espera que influya en futuras decisiones judiciales en la región.