Bandalos recibió una denuncia sobre las posibles irregularidades del caso que maneja el fiscal Mario Burgos en el proceso contra José Manuel Gnecco, donde posiblemente se manipularon pruebas. Aquí está la denuncia.

La acusación como espectáculo

Por Cristobal Gnecco

Atropellos y mentiras de la fiscalía de Mario Burgos en el caso de José Manuel Gnecco

Mi hermano José Manuel está preso desde junio del año pasado acusado por la fiscalía de Mario Burgos de asesinar a su esposa, María Mercedes, en San Andrés en octubre de 2021. Mi hermano es inocente. Lo sé porque lo conozco: no sería capaz de hacer daño a nadie, mucho menos a la mujer que amaba. Es inocente, además, por circunstancia: las pruebas de la defensa son contundentes y ponen en evidencia el montaje descarado que el fiscal Mario Burgos ha hecho en su contra.

Sólo cuatro ejemplos, entre muchos:

Uno, la fiscalía acusa a Manuel de haber manipulado el celular de Mersa después del crimen (para alterar evidencia acusatoria, se presume), aun sabiendo que ese celular fue robado por un policía en la escena del crimen y después vendido en Cali.

Dos, Manuel, según la fiscalía, mató a Mersa dentro de la casa (incluso estando sentado) y después hizo un disparo desde fuera hacia dentro para encubrir su acción, pero de este disparo no hay ninguna traza (ni agujero en la pared, ni proyectil, nada), como sí hay evidencias del único disparo realizado por el asesino, el disparo hecho desde fuera.

Tres, el arma asesina fue incautada a una banda delincuencial en San Andrés meses después del asesinato, pero la fiscalía insiste en imputar a mi hermano.

Cuatro, contradiciendo la lógica penal (y las novelas policíacas, aún las de peor calidad), el móvil que le achacan es descabellado: ¡Manuel mató a su esposa porque estaba estresado por las deudas (no muy grandes, por cierto) que habían contraído para construir su casa!

Este caso es un nuevo falso positivo que no tiene reparos en arruinar la vida de una persona y su familia.

La mediocre y peligrosa fiscalía de Mario Burgos tiene que mostrar resultados y lo hace aún a expensas de la vida de los ciudadanos que dice proteger. El resultado que busca es aún mejor cuando se promociona y se exhibe, cuando la acusación es un espectáculo que se da de comer a las masas, ávidas de amarillismo.

Manuel fue detenido en una ciudad cerca de Cali cuando estaba participando de un festival de música. El operativo fue digno de un criminal peligrosísimo cuyo paradero hubiera sido conocido sólo por azar: camiones con soldados, motos, calle cerrada. La puesta en escena de la infamia. Ese exceso inútil e innecesario fue deliberado.

La fiscalía hubiera podido detenerlo en su casa de San Andrés, que conocía bien porque Manuel pasó meses, infructuosamente, tratando de que actuara contra los asesinos. Pero no.

Había que vender el espectáculo, el fuego de artificio. Después, lo de siempre: fotos de Manuel esposado y reseñas fraudulentas difundidas por el órgano de propaganda de la fiscalía, que debería usar una mesura extrema ante quien es apenas un sindicado, pero que se complace en ponerlo en la picota pública con una sevicia impúdica.

¡Qué miedo estar en manos de una organización tan despiadada, con tanto poder y con tanto eco mediático!

El fiscal Mario Burgos armó la patraña de la acusación, incluso franqueando los límites de la legalidad, y las hermanas y los hijos de mi cuñada se encargaron de hacer la tarea sucia: presentar a mi hermano, en los medios y en las redes, como un asesino bárbaro y sanguinario. Han paseado su insidia y su veneno por todas partes, donde quiera que haya ingenuos que quieran escucharlos. Incluso mintiendo: una hermana de Mersa llegó a decir en un programa de televisión que Manuel había matado a su primera esposa, Alicia Angulo, suicidada en Popayán en diciembre de 1980; la investigación sobre su muerte fue archivada después de que la prueba del guantelete mostrara que fue Alicia quien disparó el arma, no alguno de los adultos que se encontraban en la casa, incluido mi hermano.

Mintieron y se aliaron desvergonzadamente con la fiscalía a pesar de conocer a mi hermano desde niños, a pesar de haber sido huéspedes de su generosidad y a pesar de haber presenciado su amor desmedido por Mersa. Cuando Manuel sea declarado inocente al final del juicio, como habrá de suceder si queda algo de justicia en este país, se darán cuenta del horror que han cometido; se darán cuenta del tamaño de su maldad; se darán cuenta de que su desalmada complicidad con la fiscalía añadió al dolor de Manuel por la pérdida de su esposa el horror de la prisión, el descrédito, la ruina. Entiendo su dolor y su rabia (es el mismo dolor que sentimos nosotros), pero eso no les da derecho a arruinarle la vida a una persona inocente. Si quisieran mitigar su dolor con un poco de verdad estarían buscando a los verdaderos asesinos de su mamá y hermana, evitando que este crimen horrendo quede en la impunidad.

El rol de los medios

En esta farsa salvaje los medios y las redes (anti)sociales han jugado un papel protagónico. Han prejuzgado, una práctica deshonesta y dañina que rechaza cualquier periodismo que aspira a la decencia y la justicia.

Han prejuzgado, sin siquiera conocer bien las circunstancias del hecho, sin siquiera profundizar en los falaces argumentos de la fiscalía de Mario Burgos (que han comprado a precio de saldo) y soslayando las evidencias incontrovertibles de la defensa. Claro: vende más que mi hermano sea un asesino serial de mujeres a que sea inocente.

La presunción de inocencia tiene poco valor en un país que basa su día a día en la criminalización falaz y morbosa de mucha gente inocente. Incluso una periodista a quien yo respetaba por veraz e independiente no dudó en recibir en su programa a la hija de Mersa para que difundiera sus mentiras y su maldad.

Otra periodista tildó a Manuel de feminicida, una acusación gratuita e imprudente contra quien es sindicado de un delito sin móvil. La utilización oportunista del concepto de feminicidio (un triunfo del activismo feminista) es injusta y peligrosa con las víctimas de este delito y contribuye a la impunidad. El trabajo concertado de los medios ha ayudado a construir la imagen del criminal que la fiscalía vendió desde el inicio: en vez de acompañar a un inocente destrozado por la muerte de su esposa, se han vuelto cómplices en una campaña miserable para exhibirlo como un delincuente de la peor calaña.

La justicia cobarde

Los jueces que han tenido en sus manos la libertad de mi hermano han eludido su responsabilidad. Se han dejado impresionar por la conjetura infundada que la fiscalía presenta como hipótesis macabra. Han actuado contra la justicia y la decencia y lo han mantenido preso, contribuyendo a su desdicha. Les ha dado miedo actuar en derecho. Han anclado sus negativas a liberarlo en ese terreno difuso en el que la argumentación acomodada, cuando no abiertamente malévola, se confunde, peligrosamente, con la ilegalidad.

La cobardía de los jueces (aún me resisto a creer que sea venalidad, aunque todo es posible en un sistema judicial arrodillado y corrupto) es manifiesta. Tienen miedo. Temen a ese monstruo manipulado llamado opinión pública, desinformado por los periódicos, la radio, la televisión. Además, en un aterrador círculo vicioso, los jueces se cubren las espaldas y validan las decisiones infames tomadas previamente por sus pares.

El Estado secuestrador

Esta situación lamentable y dolorosa nos ha enseñado que el Estado puede meter a los ciudadanos a la cárcel con una facilidad pasmosa, pero sacarlos de ese laberinto es casi imposible. El Estado secuestra con impunidad. La jueza de control de garantías que envió a Manuel a prisión no sólo no estudió los argumentos de la fiscalía, lo que le hubiera permitido ver la dimensión de su falacia, sino que afirmó que Manuel había hablado más de una hora por celular después del disparo cuando lo probado es que hizo dos llamadas de pocos segundos en busca de ayuda para su esposa moribunda.

Al día siguiente la mentira de la juez fue magnificada por un periódico de Bogotá: mientras su esposa agonizaba, el asesino se dedicó, largamente y sin ninguna consideración por la víctima, a hablar por teléfono. La gente reaccionó con ira. Yo también lo hubiera hecho. Pero esa ira desencadenada no hubiera existido si en vez de una mentira infame la jueza hubiera dicho la verdad apegada a las pruebas.

Es aterrador comprobar que estamos a merced del Estado y que este puede ser abiertamente arbitrario. En este momento debe haber cientos, si no miles, de inocentes pudriéndose en las cárceles de Colombia acusados por la fiscalía y condenados por el Estado, pero que no han tenido el triste privilegio de tener buenos abogados que los defiendan. Una de las lecciones más amargas de este episodio es la sensación de impotencia ante el poder, la maldad y la crueldad de instituciones como la fiscalía y la judicatura que los ciudadanos esperamos que nos defiendan, no que nos destruyan.

Los oscuros fiscales que llevan su caso saben que Manuel es inocente. También lo sabe, de sobra, el abogado de la familia de Mersa. Aun así, persisten en su crueldad. Quieren que sufra. Cuando se reveló el cotejo balístico que determinó que el arma que mató a Mersa había sido incautada a una banda de delincuentes respiramos tranquilos porque estábamos convencidos de que la fiscalía retiraría los cargos espurios contra Manuel e imputaría a los asesinos.

Eso hubiera sucedido si la fiscalía de Mario Burgos fuera honesta y apegada a la ley. Pero no lo hizo, demostrando su catadura criminal, y persiste en su acusación mentirosa y en sus maniobras tramposas e ilegales.

Pero confiamos. Confiamos en los abogados que defienden a Manuel. Confiamos en los amigos que nos han acompañado con su solidaridad y su afecto en vez de permanecer callados mirando el espectáculo desde la barrera. Confiamos en lo que queda de justicia en la justicia. Confiamos en la decencia. Manuel será libre, más pronto que tarde, y será exculpado de la atrocidad que se le atribuye.

* Esta carta es opinión y responsabilidad exclusiva de su autor y no expresa necesariamente el pensamiento de Bandalos.