Es sorprendente que los campesinos colombianos no han sido nunca contados como parte del censo de población del DANE y del gobierno nacional. Es aún más sorprendente que muchos colombianos desconocen este hecho. Es un hecho relevante, porque cuando los colombianos no son contados en un censo, no existen para la planeación del país. No existen cuando se deciden qué obras de infraestructura son necesaria, para decidir cuántos colegios y niños están en zonas rurales, o para definir cuántos puestos de salud se necesitan.

Los campesinos colombianos son una población en especial vulnerabilidad. El conflicto armado en Colombia los ha afectado en forma desproporcional. Miles han tenido que abandonar sus tierras, miles han muerto sin que se sepa quiénes eran o cuántos. Para el estado, no existen. Para el país, no existen. Excepto claro está, el día del campesino en el cual todos los políticos les mandan mensajes, o en los momentos de enlistar jóvenes para la guerra. Existen cuando queremos alimentos frescos en tiempos de COVID o queremos encontrar nuestra fruta preferida en los mercados. Existen cuando los políticos necesitan sus votos, sean votos voluntarios o forzados por algún grupo armado.

Lo que todos sabemos es una verdad a gritos es que, en Colombia, los muertos de todos los grupos armados de país sean soldados, guerrilleros, paramilitares han sido jóvenes pobres reclutados a la fuerza o con promesas económicas y que la mayoría de ellos, eran campesinos.

Es más fácil entonces no contarlos. Así no es necesario darles colegios, rutas de transporte, salud, garantías. Así el país no sabe cuántos realmente han muerto en el conflicto armado. Así es más fácil desplazarlos y quitarles las tierras.

Los campesinos han tratado de luchar por sus derechos constantemente y sus esfuerzos quedan siempre en el limbo o el tintero. Esto no es la culpa de un solo gobierno, pero de todos los gobiernos de las últimas décadas: Pastrana, Samper, Uribe, Santos, Duque, todos les han negado a los campesinos el derecho a ser contados como colombianos.

En el Tercer Censo Agropecuario las organizaciones campesinas intentaron la inclusión de la «categoría del campesinado», pero el Gobierno Nacional rechazó la solicitud, y aun cuando se promovió una demanda de tutela, la misma fue negada por el Tribunal Superior de Popayán el 18 de julio de 2014.

Su lucha más reciente fue por ser incluidos en el censo de vivienda del 2018. Desde el 2016 y 2017 los campesinos hicieron un esfuerzo inmenso por ser escuchados por el estado. Las organizaciones campesinas solicitaron a la presidencia, al DANE, al ministerio de agricultura y al Ministerio del Interior que las preguntas del Censo incluyeran preguntas sobre la identidad y la vida campesina. 1770 campesinos y campesinas de todo el país solicitaban la inclusión en el Censo Nacional de Población. Pedían que permitieran contarlos y reconocer su situación actual. Todas las agencias los ignoraron y nada pasó. En agosto del 2018, interpusieron una la tutela, demandando que su derecho de petición había sido ignorado.

El Tribunal Superior de Bogotá les dio la razón y reconoció que las instituciones demandadas en la tutela habían violado el derecho de petición de los campesinos. El Tribunal también reconoció el deber del Estado colombiano de atender las necesidades del campesinado, a través de políticas públicas adecuadas. También aceptó la importancia de tener información estadística sobre esta población.

Pero de nada sirvió porque el tribunal no aceptó, la vulneración del derecho a la igualdad material pedido en la tutela y se negó a pedirle al DANE elaborar nuevamente el formulario del Censo y no le dio la orden al gobierno de incluirlos aduciendo que “es muy tarde y muchos costos”. El caso fue a la corte. La Corte Suprema de Justicia criticó el Censo Poblacional 2018, por no permitir la identificación efectiva de la población campesina en Colombia, y le pidió al Gobierno que busque alternativas para contabilizar a este grupo.

Se manifestó diciendo que el campesinado es un sujeto de especial protección constitucional y que por tanto merece un trato diferenciado del Estado. Pero igual, de nuevo, nada pasó, nada cambió. Solo palabras que nunca han sido efectivas en cambiar la injusticia de lo que pasa.

Y así, hasta el día de hoy, los campesinos de Colombia no han sido contados. No deja de sorprender en un estado de derecho y una democracia, que las cortes fallen a favor de los campesinos, pero nada cambie. Que se argumente que es “muy costoso o difícil “. Que se les diga a las instituciones del gobierno que por favor hagan un mejor esfuerzo “la próxima vez” que los cuenten “la próxima vez”.

Los campesinos consideraron un triunfo, el tímido esfuerzo del DANE de hacer una encuesta a 2000 campesinos preguntando(i) ¿Usted se considera campesino(a)?; (ii) ¿Usted considera qué alguna vez fue campesino(a)?; y (iii) ¿Usted considera qué la comunidad en que vive es campesina?  Hasta ahí llegó el resultado de tantos años de lucha. Años en que Colombia sigue ignorando a una parte integral de su población, constantemente vulnerada en todos sus derechos básicos.

El último censo del DANE de población y vivienda 2018, reporta 48.258.494 colombianos censados. Esos son los que según el país existen y donde se basan tantas decisiones, incluyendo los datos electorales para las elecciones del 2022 y definir el presupuesto del estado por regiones.

El DANE reportó que los departamentos con mayor población son: Antioquia con 5.974.788 habitantes y Valle del Cauca con 3.789.874 de ciudadanos y Bogotá D.C. apareció en el registro del censo con 7.181.469 habitantes. Siempre queda la duda de cuanto cambiarían estas estadísticas si se contaran a los campesinos y si supiéramos cuántos de ellos han tenido que abandonar el campo y llegar a las afueras de Bogotá y otras ciudades.

Tantos niños campesinos que no tienen un colegio, un transporte, un profesor, un sistema de salud y solo conocen una vida de trabajo o el miedo de la guerra.

Es paradójico que un país donde votan los muertos, donde la registraduría tiene nombres de personas inexistentes, y gente muerta se vacuna o recibe subsidios, la gente real, que aporta con su trabajo al país, que cultiva los alimentos que comemos, no existan para el Estado y que como sociedad no exijamos su inclusión.

Es también algo sin precedentes. En otros países los campesinos son parte integral de cualquier censo. No imagino al presidente Biden o las instituciones de Estados Unidos diciéndoles a los campesinos de Ohio, de Alabama, de Massachusetts, de Vermont, que no, que, de malas, que no entran en el censo. Que no son contados como ciudadanos americanos.

Semejante violación de los derechos de un ciudadano no sería tolerada por nadie en Estados Unidos.

Menos en un país europeo donde los auxilios a los campesinos, el proteccionismo al campo y el respeto a la vida rural es inmensa. Los campesinos en Grecia, Francia, Portugal o Suiza tienen muchos derechos y obviamente, dentro del censo de estos países, todos los campesinos están contados. Ni más faltaba.

En el siglo XX, se realizaron diez Censos Nacionales en Colombia: ocho de ellos incluyeron información sobre indígenas y dos sobre afrodescendientes. Hasta el momento, ningún censo, ni siquiera el agropecuario, ha contado al campesinado colombiano y sus condiciones de vida específicas.

Es imposible tener un país justo, con menos desigualdad, con más derechos básicos, si el gobierno se niega contar a sus ciudadanos. Se niega a contar a los campesinos de Colombia. Es imposible mejorar como país si la sociedad colombiana no exige que le respeten los derechos a grupo de colombianos tan vulnerable y al que le debemos tanto. Si no se indigna con la injusticia de negarles el más simple derecho: ser contados como colombianos.