Mis abuelos viven en Colombia. Tienen más de 75 años y ambos tienen profesiones que les permitieron obtener una pensión. Mi abuela fue profesora durante más de 25 años, y mi abuelo, ingeniero y dueño de pequeñas empresas. Aun así, para ellos, las pensiones del sistema son insuficientes, en gran parte porque este los obliga a pagar por salud no solo la parte que corresponde al trabajador, sino también la del empleador. A pesar de las protestas y varios intentos de cambiar esto, nada ha pasado porque muchos adultos mayores no conocen sus derechos, suelen votar por historia de partido y no están organizados en una sola voz. Sin embargo, más que nada, esto sucede porque Colombia es una sociedad que no ha defendido estos derechos y tiene muy pocos políticos interesados en resolver el problema. Los fondos de pensiones son, en gran medida, solo otro mecanismo para hacer “carruseles” y beneficiar a unos pocos, con una fuerte resistencia a cualquier cambio que signifique dignificar la vida del adulto mayor.

En un país donde la ley laboral permite un gran número de contratos a término fijo, trabajo a destajo o labores informales, y donde muchos viven en el campo, la mayoría de la población no alcanza a cotizar; así, cuando llegan a la vejez no tienen ninguna protección.

La vejez en Colombia está desprotegida, con un alto índice de adultos mayores en condiciones de pobreza. Esto se evidenció de manera dramática durante la pandemia, cuando los adultos mayores pasaron hambre, con banderas rojas colgadas en sus puertas, esperando un subsidio de alimentación que resultó mínimo. Si alcanzaba para una panela y arroz al día, no alcanzaba para mucho más.

Pobreza extrema y desigualdad

De acuerdo con el DANE, la mayoría de los adultos mayores que viven en situación de pobreza o pobreza extrema no tienen acceso a una pensión, lo que los obliga a depender de la informalidad o de familiares para su sustento. El sistema de pensiones en Colombia, que debería proteger a los adultos mayores, cubre solo a una minoría, dejando a muchos en condiciones de vulnerabilidad económica.

La mayoría de los adultos mayores que viven en áreas rurales enfrentan una situación aún más precaria, pues tienen menos acceso a servicios básicos, menos oportunidades de generar ingresos y un acceso limitado a programas de ayuda social. Los programas de asistencia, aunque importantes, no son suficientes para garantizar una vida digna, ya que las transferencias suelen ser modestas y no se ajustan completamente a las necesidades específicas de la vejez.

Para mí, es sorprendente lo poco que este tema conmueve al país, dado que todos, algún día, llegaremos a viejos. Reformas como una pensión mínima para los más vulnerables, eliminar la reducción de la pensión por los altos cobros de salud, y aumentar la pensión al mismo promedio de crecimiento del salario mínimo son medidas simples y básicas. También debería haber una estrategia para proteger a los campesinos y habitantes de zonas rurales, quienes contribuyen diariamente al funcionamiento del país y producen alimentos, flores y productos de exportación, pero que estarán en la pobreza en el futuro.

El Estado debe regular a las entidades privadas de pensiones, donde el dinero entra sin transparencia sobre su inversión, lo que en algunos casos lleva a pérdidas que solo asumen los contribuyentes al fondo. El fondo público debe ser fortalecido, y la ley laboral debe exigir cotizaciones para pensión de los trabajadores.

Sabiendo que los sistemas de pensión de otros países han avanzado, solo queda preguntarnos cuándo finalmente nos importará en Colombia.