Durante mucho tiempo en Colombia la desigualdad se aceptó con resignación. “Así son las reglas”, se decía… hasta que un 20 de julio un florero rompió el silencio. Hoy, el decreto del 23 % cumple un papel parecido: es, en muchos sentidos, el Florero de Llorente de 2026.

Después de décadas de aumentos tímidos —que en la práctica protegieron más a los balances empresariales que al trabajador— este incremento irrumpe como un punto de quiebre frente a un modelo que, desde el año 2000, normalizó la pobreza formal. Porque esa es la verdad incómoda: en Colombia se puede trabajar todos los días y seguir siendo pobre.

El objetivo de este aumento no es simplemente técnico. Es, ante todo, humano. Busca devolver poder adquisitivo a quienes han cargado el peso del sistema durante años. Y aunque el Consejo de Estado haya intentado frenar el decreto con argumentos de rigor legal, el mensaje político del Gobierno —reforzado por la reciente alocución de Gustavo Petro— apunta a algo más profundo: la dignidad no se negocia.

Lo que está sobre la mesa es mucho más que un porcentaje. Es la posibilidad de empezar a construir un nuevo contrato social donde trabajar vuelva a significar vivir con dignidad.

La propuesta de aumentar el salario mínimo entre el 23 % y el 24 % no salió de la nada ni es solo un gesto político. Responde a un fenómeno cada vez más evidente: la pobreza laboral.

Hoy tener empleo formal ya no garantiza salir de la vulnerabilidad. Esa sola constatación debería encender todas las alarmas del modelo económico.

Por eso la apuesta del Gobierno es clara: pasar del salario mínimo de mera supervivencia al Salario Mínimo Vital Familiar. Es decir, un ingreso que no obligue al trabajador a elegir entre pagar servicios, alimentarse o endeudarse para llegar a fin de mes.

Sin embargo, el intento de corrección chocó rápidamente con el muro institucional. La suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado metió al país en un galimatías jurídico que refleja una tensión de fondo: la velocidad de la urgencia social frente al ritmo del derecho administrativo.

Mientras el Ejecutivo insiste en recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación acumulada, el alto tribunal exige una justificación técnica milimétrica. Y ahí está el corazón del debate.

La suspensión del decreto no es —al menos por ahora— una derrota definitiva para el Gobierno. Es, más bien, una llamada de atención sobre la necesidad de blindar técnicamente la medida.

El Consejo de Estado fue claro: un aumento de esta magnitud exige explicar con precisión su impacto en inflación, productividad y crecimiento. Y tiene razón en exigir rigor. Pero también es cierto que el país real no vive en hojas de cálculo.

Ahora el proceso entra en tres momentos clave.

Primero, el decreto provisional. El Gobierno tiene un margen corto para expedir una nueva versión que corrija los vacíos formales. Aquí se juega una carta decisiva: demostrar que el aumento no es un salto al vacío, sino una medida con sustento técnico.

Segundo, la revisión de fondo. En esta etapa se enfrentarán las cifras oficiales con las proyecciones de los gremios. El verdadero dilema será encontrar equilibrio entre el derecho al mínimo vital y la estabilidad macroeconómica.

Tercero, la transición práctica. Mientras el debate se resuelve en los estrados, el salario mínimo vigente sigue siendo el piso obligatorio. El trabajador no queda desprotegido; la incertidumbre recae principalmente en la planeación empresarial.

Visto en perspectiva, todo este proceso confirma algo importante: la discusión por un salario digno en Colombia ya entró al terreno estructural. No es un capricho coyuntural.

Para los sectores más ortodoxos, subir el salario mínimo es casi un reflejo condicionado de alarma: más costos, más inflación, más desempleo. Pero esa lectura es incompleta.

Desde la óptica keynesiana, el salario también es demanda. Y en economías con consumo interno débil —como la colombiana— ese detalle lo cambia todo.

La lógica es simple: quien gana el salario mínimo no ahorra en paraísos fiscales. Consume. Compra comida, paga transporte, mueve el comercio de barrio. Tiene una propensión marginal al consumo altísima.

Por eso un aumento de este tamaño puede activar el conocido efecto multiplicador: Más ingreso en los hogares, más ventas en los comercios, más rotación de inventarios y más incentivos para producir

El verdadero riesgo para muchas empresas hoy no es pagar mejores salarios. Es quedarse sin clientes.

Claro que existe el riesgo inflacionario. Negarlo sería ingenuo. Pero también es cierto que una economía con consumo deprimido se enfría peligrosamente.

La apuesta del Salario Mínimo Vital 2026 parte de una premisa distinta: es preferible gestionar un ajuste de precios controlado que permitir que el mercado interno se asfixie por falta de poder de compra.

No es caridad. Es política económica.

Reducir esta discusión a una tabla de Excel es perder de vista lo esencial. Aquí hay una pregunta de fondo: ¿qué nivel de desigualdad está dispuesta a tolerar Colombia?

Durante años, el salario mínimo ha quedado rezagado frente al crecimiento de la riqueza en los sectores altos. Cuando un ingreso formal no alcanza para cubrir la canasta básica, algo estructural está fallando.

En la práctica, eso convierte al trabajador en quien subsidia al sistema con su propia precariedad.

El aumento propuesto intenta corregir —aunque sea parcialmente— ese desfase histórico.

Y en esa dirección, los estándares de la Organización Internacional del Trabajo son claros: el salario mínimo debe garantizar suficiencia vital, proteger a los vulnerables y reflejar el costo real de vida.

Visto así, el incremento del 23–24 % no parece extravagante. Parece tardío.

El debate del salario mínimo ya dejó de ser solo económico. Entró de lleno en la arena política de 2026.

Al llevar la pelea al terreno judicial, la oposición asumió un riesgo alto. Se pegó un tiro en el pie: Si el aumento sobrevive, el Gobierno cantará victoria frente a los “obstáculos institucionales”. Si se reduce, tendrá a quién responsabilizar.

Y aquí aparece una paradoja interesante: la suspensión del decreto puede terminar fortaleciendo la narrativa del Gobierno. Para buena parte de la opinión pública, la historia se lee fácil: el Ejecutivo intentó subir el salario y «la oligarquía conservadora» lo frenó. Ese encuadre tiene efectos.

En política, pocas jugadas son tan delicadas como aquellas donde el adversario puede capitalizar casi cualquier resultado.

El Salario Mínimo Vital 2026 no es una medida perfecta. Ninguna política pública lo es. Pero sí representa un intento serio de corregir una anomalía cada vez más evidente: trabajar en Colombia no debería ser sinónimo de sobrevivir con dificultad.

La propuesta es defendible en lo social, razonable en lo económico y potente en lo político. Al final, la pregunta de fondo es sencilla: ¿puede un país aspirar a estabilidad y crecimiento sostenido mientras millones de trabajadores formales siguen atrapados en la pobreza? Si la respuesta es no —y todo indica que lo es— entonces la discusión ya no es si el salario mínimo debe subir. La discusión real es cuánto más puede Colombia seguir aplazándolo.