Análisis de la entrevista a Salvatore Mancuso hoy en El Reporte Coronell, 12 de junio de 2024

Relación con Álvaro Uribe

   – Mancuso afirmó que el expresidente Álvaro Uribe fue su socio durante la guerra y lo invitó a serlo en la paz, insinuando una relación de cooperación entre ambos.

   – Relató la planificación de su extradición y la muerte de Vicente Castaño, condicionadas a la firma de los acuerdos de Ralito por parte del gobierno de Uribe.

   – Mancuso argumentó que su extradición no fue resultado de incumplimientos o delitos posteriores, sino una decisión unilateral de Uribe, lo cual planea probar con documentos oficiales.

Acusaciones de Crímenes de Estado

   – Mancuso implicó al ejército y a altos mandos militares en la masacre de El Aro, calificándola como un crimen de Estado por la entrega de listas de presuntos guerrilleros.

   – Mencionó la participación del entonces general Carlos Alberto Ospina, lo que podría tener repercusiones legales y políticas significativas.

Implicación de Francisco Santos

   – Mancuso acusó al exvicepresidente Francisco Santos de haber apoyado la creación del Bloque Capital de las AUC para combatir la presión guerrillera en Bogotá.

   – Indicó que recibió visitas en prisión instándolo a no mencionar ciertos nombres, incluyendo a Santos, lo que sugiere presiones y posibles encubrimientos.

Vinculación de Empresas

   – Afirmó que empresas como Chiquita Brands financiaron a las AUC, aunque negó que haya sido bajo coerción directa.

   – También mencionó la colaboración de Ecopetrol con las AUC, aunque no dio nombres específicos de altos funcionarios involucrados.

Futuro en la Justicia Transicional

   – Mancuso expresó su frustración con los sistemas de justicia transicional, tanto Justicia y Paz como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debido a su duración y eficacia.

   – Está considerando la posibilidad de renunciar a estos sistemas, argumentando que envían un mensaje negativo a los grupos armados sobre la validez de la desmovilización y la justicia transicional.

Paz y Reconciliación

   – Mancuso reafirmó su intención de contribuir a la paz en Colombia, pero señaló que las condiciones actuales de su detención dificultan su aporte efectivo.

Colaboración con Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño

   – Mancuso alega que Pedro Juan Moreno, mano derecha de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia, solicitó directamente a él y a Carlos Castaño la expulsión de la guerrilla de la zona urbana, lo que sugiere una colaboración directa y coordinada entre las fuerzas paramilitares y la administración local.

Operación conjunta con el Ejército

   – Mancuso describe una operación conjunta en la que el ejército entregó a los paramilitares una lista de personas supuestamente vinculadas a las FARC, quienes fueron posteriormente asesinadas por los paramilitares. Esto configura un crimen de estado, dado que implica la participación activa del ejército en actos de violencia ilegítima y extrajudicial.

Masacre y presencia de helicópteros de la Gobernación 

   – Mancuso menciona la presencia de un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevolando la zona durante la masacre, lo cual podría indicar una supervisión o apoyo logístico desde niveles gubernamentales.

   – Afirma haber usado el helicóptero para varias actividades, como transportar municiones, atender heridos y recoger muertos, lo cual implica una logística compleja y bien organizada, con recursos significativos.

Implicaciones legales y éticas

   – Las declaraciones de Mancuso tienen implicaciones profundas, sugiriendo que no solo hubo colaboración entre paramilitares y el ejército, sino también con altos funcionarios del gobierno regional. Esto apunta a una complicidad institucionalizada en actos de violencia sistemática y violaciones de derechos humanos.

   – La afirmación de Mancuso sobre el uso de recursos del estado para operaciones paramilitares podría resultar en graves repercusiones legales para los involucrados, especialmente si se prueba la veracidad de estas afirmaciones.

Crimen de Estado

   – La entrega de listas por parte del ejército y la posterior ejecución de personas señaladas en esas listas implica un nivel de planificación y cooperación que trasciende la simple negligencia o permisividad, configurándose como un crimen de estado, que tiene implicaciones en el ámbito del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.