MELBOURNE – El mes pasado, en la República Dominicana a una adolescente embarazada que padecía leucemia se le aplazó la quimioterapia porque los médicos temieron que el tratamiento pusiera fin a su embarazo y, por tanto, violara la estricta legislación antiaborto de esa nación. Después de que se celebraran consultas con médicos, abogados y la familia de la muchacha, se inició la quimioterapia, pero no antes de que se hubiera vuelto a centrar la atención en la rigidez de las legislaciones sobre el aborto de muchos países en desarrollo.

En los medios de comunicación de los países desarrollados se habla mucho del aborto, en particular en los Estados Unidos, donde los republicanos han utilizado la oposición a él para conseguir votantes. Recientemente, el equipo de campaña para la reelección de Barack Obama contraatacó e hizo público un anuncio televisivo en el que una mujer dice que “da miedo ser mujer en esta época”, porque Mitt Romney ha dicho que apoya la prohibición del aborto.

Pero mucha menos atención se presta al 86 por ciento de todos los abortos, que ocurren en el mundo en desarrollo. Aunque una mayoría de países en África y América Latina tienen leyes que prohíben el aborto en la mayoría de las circunstancias, las prohibiciones oficiales no impiden que haya tasas elevadas de abortos.

En África hay 29 abortos por 1.000 mujeres y en América Latina 32. La cifra correspondiente a la Europa occidental, donde el aborto está en general permitido en la mayoría de  las circunstancias, es doce. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, los abortos sin las necesarias condiciones de seguridad provocan la muerte de 47.000 mujeres al año y en casi todos los casos corresponden a países en desarrollo. Otros cinco millones de mujeres sufren heridas todos los años, a veces irreparables.

Según la OMS, se podrían prevenir casi todas esas muertes y heridas satisfaciendo la necesidad de educación sexual e información sobre la planificación familiar y la contracepción y facilitando un aborto inducido seguro y legal, además de asistencia complementaria para prevenir o tratar las complicaciones médicas. Unos 220 millones de mujeres del mundo en desarrollo dicen que quieren prevenir el embarazo, pero carecen de conocimientos sobre una contracepción eficaz o de acceso a ella.

Se trata de una enorme tragedia para las personas y para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta. El mes pasado, la Cumbre sobre Planificación Familiar celebrada en Londres y organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates, anunció compromisos para atender a 120 millones de esas mujeres de aquí a 2020.

El periódico del Vaticano respondió criticando a Melinda Gates, cuyas gestiones para organizar y en parte financiar esa iniciativa impedirán, según los cálculos hechos al respecto, que casi tres millones de niños mueran en su primer año de vida y que se practiquen cincuenta millones de abortos. Habría sido de esperar que los católicos romanos consideraran deseables esos resultados. (La propia Gates es una católica practicante que ha visto lo que sucede cuando las mujeres no pueden alimentar a sus hijos o quedan lisiadas por abortos inseguros.)

La limitación del acceso al aborto legal obliga a muchas mujeres pobres a recurrir a personas que les practican el aborto con malas condiciones de seguridad. Tras la legalización del aborto voluntario en Sudáfrica en 1998, el número de muertes relacionadas con el aborto se redujo en un 91 por ciento y, gracias a los medicamentos Misoprostol y Mifepristone, que se pueden obtener en las farmacias, un aborto relativamente seguro y barato resulta posible en los países en desarrollo.

Los oponentes responderán que el aborto es, por naturaleza, inseguro… para el feto. Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano vivo y único. Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos si por “humano” entendemos miembro de la especie Homo sapiens.

También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el “derecho a elegir” de una mujer para evitar la cuestión ética de la condición moral del feto. Si el feto tuviera en verdad la condición moral de cualquier otro ser humano, sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprende el de provocar la muerte del feto, excepto quizás en los casos en que la vida de la madre esté en peligro.

La falacia del argumento antiaborto radica en el paso de la afirmación científicamente acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens a la de que, por tanto, tiene el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano. La pertenencia a la especie Homo sapiens no es suficiente para conferir el derecho a la vida a un ser. Como tampoco la autoconciencia o la racionalidad pueden conceder una mayor protección al feto que a una vaca, pongamos por caso, porque el feto tiene capacidades mentales inferiores a las de las vacas. Sin embargo, raras veces se ve a los grupos “pro vida” que asaltan con piquetes las clínicas en las que se practican abortos asaltando mataderos.

Podemos sostener convincentemente que no debemos matar, contra su voluntad, a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de su autonomía o una frustración de sus preferencias, pero, ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida antes de que tenga realmente la capacidad para la racionalidad o la autoconciencia?

No tenemos la obligación de permitir a todos los seres que tienen la posibilidad de llegar a ser un ser racional que la realicen. Si de lo que se trata es del conflicto entre los supuestos intereses de seres potencialmente racionales, pero aún no conscientes siquiera, y los intereses vitales de mujeres realmente racionales, debemos conceder preferencia a las mujeres en todos los casos.

* Traducido del inglés por Carlos Manzano.

* Aug 13, 2012.

* Publicado con la autorización de Project Syndicate.