A partir de los años ochenta, todos los presidentes de Colombia han declarado abiertamente “La guerra contra las drogas”, siguiendo con ello la política estadounidense, de corte represivo, prohibicionista y militarista; que fuera iniciada por la administración de Richard Nixon[1] y progresivamente ampliada hasta el recrudecimiento del conflicto que se experimenta a finales de la primera década del siglo XXI, el cual ha dejado cifras incalculables de víctimas en Colombia.

De lejos Colombia es el primer productor y exportador mundial de drogas ilícitas, e igualmente el país que mayor descomposición social ha sufrido con ésta guerra:  La corrupción de cientos de políticos, funcionarios judiciales y miembros de fuerzas de seguridad. La degradación de los valores y principios sociales, y a su vez, la cada vez más arraigada cultura de la violencia. La caída de la producción y exportación agrícola, empezando por el café, mientras la siembra de coca, marihuana y amapola aumenta[1]. En este contexto, el capitalismo basado en los valores del trabajo duro, la competencia y la organización empresarial, ha caído en descrédito, para posicionarse en Colombia la idea del amasamiento de fortuna fácil por vía ilegal y de la compra de todo, hasta de lo que no tiene precio[2].

La Cannabis frente a otras sustancias

La marihuana o cannabis es ampliamente conocida como una especie herbácea utilizada como psicoactivo.  Es precisamente por tener la capacidad de influir cambios sobre las funciones normales de la mente del consumidor, que su cultivo, venta y consumo, se encuentran fuertemente reprimidos. Pero a diferencia de otros psicoactivos, es empleada en muchos tratamientos en forma natural, como en el glaucoma, asma, cáncer, migraña, insomnio, náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia anticancerosa, esclerosis múltiple y demás padecimientos neuromusculares[3]. En Colombia no existen cifras de muertes por consumo exclusivo y en sobredosis de marihuana, pero se estima que son muy bajas.

Todo lo contrario ocurre con el tabaquismo: La nicotina es la sustancia legal más adictiva que existe. Comparada con los productos ilegales solo la supera la heroína. Entre las enfermedades directas del tabaquismo se encuentra el cáncer de pulmón, la bronquitis tipo R2, el enfisema pulmonar, y un tipo de gripe dañina por la cual el cerebro puede absorber el agua que ingerimos[4]. Por su parte, el alcoholismo está reconocido como un gran problema de salud, ya que a menudo conduce a la muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática como la cirrosis hepática, hemorragias internas, intoxicación alcohólica, accidentes o suicidio. En Colombia es la tercera causa de muerte[5].

El negocio ilegal

Los costos de transacción que conlleva una guerra contra las drogas, más allá de los homicidios, la corrupción y otras formas de criminalidad y descomposición, implican una incalculable y cuantiosa inversión económica, que abarca no solo los costos militares y judiciales que buscan reprimir la producción, así como aumentar la persecución y castigo a los productores, traficantes y consumidores, sino además distorsionan la cantidad y calidad de la inversión pública[6].

Tema aparte lo constituyen los costos de las erradicaciones forzadas: La organización International Crisis Group en su informe sobre drogas en América Latina (2008), sugiere que se revisen métodos como el de “la fumigación aérea… (y) la erradicación forzada de tipo militar del lado de la oferta y más bien darle mayor prioridad a las políticas de desarrollo alternativo y reforzar el cumplimiento efectivo de la ley con una expansión de la presencia positiva del Estado” [7].

En el contexto de la violencia en la que se producen las erradicaciones forzadas, el efecto negativo de las erradicaciones llega a ser aún mayor. El campo constituye la principal fuente de ingreso, por lo que las erradicaciones forzadas acrecienta la pobreza, en medio de una confrontación bélica, que a su vez genera una crisis humanitaria, desplazamientos. Al transformarse el propio campesino en actor de la guerra, igualmente se transforma en objeto de desconfianza por parte del Estado. Y el campesino por su parte, acostumbrado a no contar con el Estado, a quien ve solamente cuando llega a imponer su ley, tiende a recelar de las autoridades gubernamentales.

Por otra parte, en el año 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia, cuya iniciativa fue valorada inicialmente en US$1.300 millones. La idea estuvo diseñada para reducir en cinco años la producción de droga en Colombia al 50%. Ocho años después no solo se cree que se está lejos de alcanzar dicha meta, sino además que la producción pudo haber aumentado[8].

No obstante y paradójicamente, las ganancias que obtiene Colombia no son iguales a la cantidad de sus exportaciones ilegales de droga, ya que gran parte del precio pagado permanece en los Estados Unidos, o en países que ofrecen sistemas bancarios con amplia reserva, como Panamá, algunas islas del Caribe o Suiza.

Según Kalmanovitz, en 1990 Colombia gastaba el 2% del PIB en seguridad interna, provocada por el ilegal negocio de las drogas. Sin embargo, en la actualidad alcanza el 6,3%. Pero ese gasto supera la suma de todas las transferencias que hace el Gobierno para la educación, la salud y el saneamiento ambiental[9]. Esto demuestra claramente cómo las políticas gubernamentales
Hacia la legalización

La expectativa por castigar severamente a los productores, distribuidores y consumidores, eleva el precio de la droga y con ello se espera que se desaliente su compra y consumo, como sucede con cualquier otro producto. Sin embargo, el Nobel de Economía, Gary Becker, ha demostrado que la demanda de drogas por parte de los consumidores es inelástica[10]. Por tanto, un aumento en el precio de la droga, como consecuencia de la represión agresiva de su producción, distribución y venta, no hará que los consumidores disminuyan significativamente la demanda[11]. Por el contrario, por una parte, el precio elevado del producto hace más atractivo el negocio y por otra parte, puede estimular la comisión de delitos que se realizan para obtener mayor ingreso y a su vez, para poder adquirir el bien ilegal[12]. Sin embargo, podría argüirse que una política de reducir el precio de la droga (mediante su despenalización) no solo reduciría los costos sociales por los delitos cometidos por los consumidores, sino también, podría incrementar los costos sociales del uso de la droga por parte de quienes no son consumidores[13], tal y como sucedió con la legalización del cigarrillo y el alcohol.

No obstante, no puede perderse de vista que una guerra contra las drogas resulta más justificable, cuando la demanda de su consumo es elástica: El aumento del precio disminuye su consumo. En cambio, cuando la demanda es inelástica, tanto los costos de producción como los de represión, aumentan, sin que el consumo baje significativamente. La estrategia más adecuada resultaría enfocar todas las acciones en reducir el precio al nivel más bajo posible, para disminuir el excedente y debilitar la capacidad de los traficantes para defender su negocio.

Bajo la prohibición del alcohol, las muertes por envenenamiento alcohólico, por cosas que se mezclaban con el alcohol de contrabando, aumentaron bruscamente. Igualmente, bajo la prohibición de las drogas han aumentado las muertes por sobredosis, por adulteración o por sustancias adulteradas.

El estudio de Becker sugiere que la legalización de las drogas, combinada con un impuesto indirecto al consumo, sería una manera mucho más barata y más efectiva para reducir su uso. En vez de una guerra, se podría establecer un impuesto del 200% al uso legal de las drogas. Ello reduciría el consumo de la misma manera que lo pretende hacer la guerra actual.

Otra opción económica distinta de la guerra, acompañada de la legalización del producto, recae en el otorgamiento de licencias de producción y consumo, la prohibición de venta de menores, las regulaciones del tiempo, modo y lugar de consumo y venta y sobre todo, un incremento de la educación sobre el peligro de los abusos del consumo[14]. Una educación eficiente disminuiría la producción y venta y por ende, disminuiría el precio del producto y con ello, el negocio ilegal.

Otras razones a favor

1) La marihuana posee bajo potencial adictivo. La cannabis está por debajo del alcohol y tabaco en su potencial adictivo, es decir, la capacidad de volverse dependiente a la sustancia luego de uno o unos pocos consumos.

2) La marihuana es menos dañina físicamente que el alcohol o el tabaco. Las consecuencias físicas de estas tres drogas, en mi opinión, no son comparables. ¿Qué es más grave? ¿Un infarto al corazón, una cirrosis hepática o una esquizofrenia? Difícil saberlo, pero los expertos han hecho diversos ejercicios metodológicos para cuantificar este dilema, y el alcohol y tabaco siempre resultan ser físicamente más dañinos que la cannabis, sea cual sea el criterio de medición.

3) La marihuana es la tercera droga recreacional más usada en Chile, detrás del alcohol y el tabaco. Un 23% de la población chilena (SENDA, 2012) la ha probado alguna vez en su vida. ¿Debiese ser ilegal una conducta que uno de cada cuatro chilenos ha realizado en su vida?

4) Des-estigmatizar una conducta frecuente y, en la mayoría de los casos, benigna. Según un estudio deDavid Nutt y cols., justamente es en la intensidad de daño social donde la cannabis supera al tabaco (no alcanza a superar al alcohol). El estigma social de una condición es muchas veces más grave y deshabilitante que sus consecuencias físicas.

5) Descriminalizar a aquel que posee una dependencia y desea pedir ayuda profesional. Para el profesional de salud, tratar a pacientes cuya conducta es un delito es un desafío adicional en la alianza terapéutica. El rigor ético nos plantea la tensión “secreto profesional vs. denuncia del delito”. Y en algunos casos no es tan obvia la respuesta. Para los pacientes, justamente el temor a la denuncia y/o castigo pueden hacerlos confiar parcialmente en su terapeuta, arriesgando la calidad de su tratamiento.

6) Regular la actividad comercial en torno a su producción, comercialización y consumo. De esta forma, acabar con las consecuencias sociales negativas derivadas del tráfico ilegal de marihuana.

7) Que la marihuana pague impuestos. La existencia de esta droga es una realidad, la gente la produce, vende y consume. Hay personas que viven gracias a su comercialización. Y la sociedad no recibe ninguna retribución por esta actividad, poniéndola en una situación de ventaja frente a cualquier otra actividad de recreación. ¿Alguien se imagina un escenario en que la industria del alcohol, del tabaco, o los casinos de juego, no paguen impuestos?

8) Fiscalizar la composición y calidad de la marihuana para el consumidor. En este momento, no tenemos idea qué es lo que consume una persona que se fuma un pito de marihuana adquirido desde un tercero. Con las drogas legales sabemos exactamente qué cantidad del compuesto activo hay en cada porción, qué aditivos contiene, el consumidor tiene más información para autorregularse, el médico posee mejor información para planificar los tratamientos (tal cual lo hacemos con tabaco y alcohol).

9) Aumentar la cantidad y calidad de investigación científica sobre la marihuana. Las trabas administrativas y éticas de realizar experimentos con drogas ilegales son mayores que con las drogas legales. Actualmente existen 5 revistas científicas serias que tratan exclusivamente sobre alcohol, y unaque publica exclusivamente sobre tabaco. La cannabis dispone solamente de una revista exclusiva para su tema, la cual fue creada y es administrada por pacientes, y está dirigida a ellos mismos. Es esencial disponer de más y mejor conocimiento sobre los efectos de la cannabis en el cuerpo humano.

10) Generar coherencia en una sociedad en que son legales vicios similares tales como el alcohol, tabaco o casinos de juego. Los símbolos son parte importante en la comunicación, el lenguaje implícito dice tanto como el explícito. Cuando hay incoherencia entre los niveles de comunicación de un mismo mensaje, el resultado suele ser negativo. ¿Cómo explicamos la asimetría de legislación entre el alcohol, el tabaco, los casinos de juego y la marihuana?

Derecho Comparado

Argentina

Si bien la legislación vigente, establece en la ley penal 23.737 que todo lo relacionado con las drogas excepto el consumo, es decir: la simple tenencia (el mayor mecanismo legal utilizado para perseguir a los consumidores), la producción (sea para consumo personal o venta), el comercio, el almacenamiento, el transporte y el hacer apología al uso de drogas es delito. En agosto de 2009, la Corte Suprema argentina declaró en el histórico «fallo Arriola» inconstitucional enjuiciar a los ciudadanos por utilizar medicamentos para su uso personal – los adultos deben tener libertad para tomar decisiones sobre su estilo de vida sin la intervención del Estado. En el mencionado fallo la Corte suprema insta al poder legislativo nacional a modificar la ley vigente para adaptarla a la jurisprudencia asentada (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Brasil

Cambios legislativos en 2002 y 2006 resultaron en una despenalización parcial de la posesión para uso personal. Las penas de prisión ya no se aplican y fueron sustituidas por medidas educativas y servicios comunitarios. Sin embargo, el hecho de que el consumo haya dejado de ser delito, se establezcan penas de hasta cinco años de prisión por la venta al menudeo de pequeñas cantidades. Una investigación realizada en 2009 sobre procesos criminales por tráfico de drogas, en Río de Janeiro y Brasilia, demostró que el sistema penal es selectivo, y que los que venden pequeñas cantidades de drogas, constituyen el 60% de los condenados  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Canadá

El cultivo de Cannabis es actualmente ilegal en Canadá excepto para uso médico. En cualquier caso, el uso del cannabis por parte del público general está tolerado hasta cierto grado y varía en función del lugar y la jurisdicción, existiendo una vigorosa campaña para la legalización.

En 2001, el periódico Globe and Mail ofrecía una encuesta con datos del año 2000 según la cual el 47% de los canadienses estaban de acuerdo con la frase «El uso de la marihuana debería estar legalizado», frente al 26% que opinaba lo mismo en 1945. Una encuesta más reciente mostraba como más de la mitad de los canadienses apoyaban la legalización. El desarrollo tras las elecciones de 2008 es, sin embargo, mucho más restrictivo con penas mínimas más altas para el crimen relacionado con las drogas y propuesto por el primer ministro Harper  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Chile

El cultivo de Cannabis es legalmente posible en Chile, pero precisa de una autorización del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), el año 2014 se concedió la autorización para plantar cannabis a la municipalidad de La Florida, en vías de un programa de marihuana medicinal. El consumo de drogas en Chile, a diferencia del narcotráfico, no es considerado delito; sin embargo, se sanciona como falta el que se haga en espacios públicos  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

México

En la Ciudad de México se realiza un reglamento donde se indican cuales son los lugares donde se pueden vender este tipo de sustancias en el año de 1846, y para 1884 surge un catálogo de sustancias tóxicas y peligrosas.¹⁵

El país es una de las principales vías de traslado a Estados Unidos, lo cual crea un ambiente problemático donde existen las confrontaciones por el traslado ilegal de sustancias ilícitas, además de que el consumo se ha proliferado dentro del territorio mexicano. Por lo tanto se han tomado medidas legales para evitar estos problemas:

En abril de 2009 el Congreso de la Unión adoptó el ‘Decreto del Narcomenudeo’, eliminando todas las sanciones por cantidades para uso personal: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de Opio, 0,5 gramos de Cocaína, 50 miligramos de Heroína o 40 miligramos de Metanfetamina. Los adictos serán sometidos a tratamiento obligatorio solamente después del tercer arresto. El decreto entró en vigor en agosto de 2009.

En 2009 en el estado de Nuevo León, se instaló la primera corte de drogas (Tribunal para el Tratamiento de Adicción, como se le conoce oficialmente) del país, un sistema creado en el Condado de Miami-Dade, Florida en 1989 que tiene como fin rehabilitar a las personas que comenten un crimen bajo el influjo de alguna droga. Cinco años después, en 2014, se instaló otra más en el estado deMorelos

En junio de 2014 el Partido de la Revolución Democrática presentará una iniciativa con la que pretende se logre aumentar la cantidad de marihuana que se permite portar, así como aceptar y llevar a cabo el uso medicinal de la planta. Las dos cosas en el estado de Jalisco.

La ley define estrictamente la dosis personal lo que podría conducir a condenas de cárcel para los que sean sorprendidos con cantidades mayores a las que permite.¹⁷ En septiembre de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válida la reforma a la ley.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Guatemala

La legalización de las drogas mantiene un argumento central está basado en el derecho fundamental que cada persona que tiene de elegir cómo quiere llevar su vida. Otros se basan en la creencia de que sería un medio importante para erradicar las mafias. A pesar que el 79% de la población guatemalteca se opone a la legalización de las drogas, las declaraciones del mandatario Guatemalteco acogen de manera favorable. Por otra parte la Asamblea General de la OEA, busca avanzar en el debate sobre una política integral para hacer frente al problema mundial de las drogas en América. Al ser un problema que involucra diferentes parámetros, su manejo se vuelve complicado hasta el punto, que podría ser contraproducente. El presidente de Guatemala Otto Pérez Molina comenzó en febrero de 2012 un esfuerzo para despenalizar las drogas. Dicha iniciativa incluiría a toda la región Centroamericana, México y Colombia. Pérez Molina presentará esta iniciativa en la próxima cumbre centroamericana de presidentes.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

República Checa

En 14 de diciembre de 2009, la República Checa adopta una nueva ley que tiene efecto el 1 de enero de 2010 y permite a una persona la posesión de hasta 15 gramos de marihuana o 1,5 gramos de heroína sin cargos penales. Estas cantidades son mucho mayores que en otros países de la Unión Europea, haciendo de la República Checa el país más tolerante del mundo en esta materia.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Holanda

La revisión de la Ley del Opio de 1976 introdujo la descriminalización legal del cannabis. El consumo dejó de ser un delito y la tenencia de hasta 30 gramos se convirtió en un delito menor, mientras que la tenencia de más de 30 gramos siguió siendo un delito penal. Desde entonces, los cafés (coffeeshops) holandeses, donde los consumidores pueden comprar una cantidad limitada de cannabis, ocupan un lugar altamente simbólico como paradigma de políticas liberales en materia de cannabis. Sin embargo, el fenómeno suele interpretarse erróneamente.

Contra lo que habitualmente se piensa, la tenencia de cannabis en los Países Bajos – no el consumo – está tipificada como delito. La política holandesa es una descriminalización de facto de la tenencia, la compra y la venta de cantidades para el consumo personal de cannabis, aunque de iure estas actividades no estén permitidas. Esta política está basada sobre el «principio de conveniencia», una opción discrecional dentro del derecho penal holandés que les permite a las autoridades abstenerse de interponer acciones penales. También se admite el cultivo de hasta cinco plantas por persona para consumo personal.

El régimen se rige por las directrices nacionales oficiales emitidas por la fiscalía: se tolera la venta minorista de cannabis siempre que las bocas de venta cumplan con los criterios llamados ahoj-g (por la sigla que conforman en holandés): nada de publicidad manifiesta, nada de drogas duras, nada de disturbios o alteraciones del orden público, nada de venta a menores y nada de ventas en grandes cantidades. La fiscalía asignó la «prioridad judicial más baja» a las investigaciones y acciones contra la tenencia para consumo personal y otorgó una amplia discrecionalidad a los municipios.

Así, los Países Bajos pasaron de la «tolerancia cero» a la legalización de facto, al menos en la «puerta principal», es decir, los cafés en los que se vende cannabis. Los problemas continúan en la «puerta de atrás»: los propietarios de los cafés deben comprar el cannabis en un mercado que sigue siendo ilegal. Los proveedores todavía pueden ser procesados por transportar cannabis a los cafés y es posible detener a los propietarios de los establecimientos por adquirirlo, a pesar de que tienen permitido venderlo.

En 1996 el gobierno decidió endurecer las directrices de modo de conservar la esencia del modelo. La venta se redujo de hasta 30 gramos a 5 gramos por transacción, y se estableció un límite de 500 gramos de cannabis de tenencia in situ. Además, la edad mínima de admisión en los cafés pasó de 16 a 18 años. El gobierno habilitó nuevos instrumentos legales para que los municipios pudieran reducir la cantidad de cafés, entre ellos la opción de prohibirlos. La cantidad de cafés sufrió una reducción drástica: de un pico de 1.500 en los inicios pasó a 813 en 2000, hasta llegar a 702 en 2007.

A pesar de la venta libre, los niveles de consumo de cannabis son similares a los de los países vecinos, Alemania y Bélgica, y mucho más bajos que en el Reino Unido, Francia y España.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

España

España adaptó su Código Penal a la Convención Única sobre Estupefacientes en 1973. Al año siguiente, el Tribunal Supremo determinó que al consumo personal no entraba dentro de los llamados «delitos contra la salud pública», lo que provocó que España fuera el primer país europeo en despenalizar no solo el consumo personal de drogas, sino también los actos preparatorios, incluyendo el cultivo. Sin embargo, nunca se ha llegado a aprobar una regulación administrativa de estas cuestiones, lo que ha provocado una gran inseguridad jurídica, sobre todo en casos de cultivo o posesión colectivos. La tenencia y el consumo en lugares públicos se castigan con multas de 301 a 30.000 euros, que se pueden suspender sometiéndose a tratamiento de deshabituación.

A pesar de la indefinición legal, la despenalización ha permitido la aparición desde el año 2001 de los llamados Clubes Sociales de Cannabis, asociaciones sin ánimo de lucro formadas por personas previamente usuarias que cultivan en circuito cerrado para los propios miembros de la asociación, que dispone de un lugar privado para el consumo. A pesar de diversas intervenciones policiales y judiciales, estas asociaciones se han extendido hasta llegar a ser muy numerosas. Solo hay datos oficiales en el País Vasco y Cataluña, donde suman alrededor de 200 asociaciones de este tipo y donde en 2012 ambos gobiernos regionales han comenzado el proceso para aprobar una regulación administrativa de los clubes. A diferencia del modelo holandés, donde el cultivo no está regulado y se lleva a cabo en la clandestinidad, en este modelo es el propio club el que cultiva bajo el control de los miembros y sin que exista un fin comercial que pueda propiciar la promoción del consumo. También existen clubes similares en Bélgica, Alemania y Francia.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Portugal

En 2001, Portugal se convierte en el segundo país de la Unión Europea tras España en abolir los castigos penales por posesión de droga a nivel personal. Además, los usuarios deben cumplir con terapias en lugar de sentencias que provoquen prisión. Como explicó un alto funcionario del Ministerio de Sanidad: «Se trata de perseguir la enfermedad, pero no a los enfermos. El Estado portugués está contra la droga. Por eso su consumo no está prohibido. Pero no vamos contra los drogadictos. Por eso no se les incrimina. De ahí que una vez rehabilitados, puedan volver a la vida normal sin haber sido detenidos y, lo más importante, sin que conste en ningún sitio que han sido detenidos, lo que es vital para, por ejemplo, encontrar trabajo». Así una persona detenida por la policía que lleva encima una cantidad de droga que no supera un determinado nivel -si lo supera es un traficante y por tanto es puesto a disposición judicial- es conducida ante una comisión de seguimiento dependiente del ministerio de Sanidad que le dirigirá a un centro de desintoxicación si fuera necesario, pero sin que conste en ningún fichero policial o judicial.²⁴

El éxito de esta nueva política de no criminalizar la posesión de drogas ha sido notable ya que el consumo ha disminuido. En cuanto al cannabis Portugal se encuentra en el puesto número 18 de la Unión Europea, mientras que la vecina España ocupa el tercer lugar.

Investigaciones del Cato Institute, dirigidas por Glenn Greenwald, encontraron que cinco años después de la descriminalización, el uso de drogas ilegales por parte de los jóvenes ha decrecido, la ratio de infecciones de VIH entre usuarios ha caído y las muertes por heroína y drogas afines bajaron de 281 en 2001 a 133 en 2006, duplicando, a la vez, el número de persona que buscan tratamiento por adicción. Desde cualquier punto de vista, afirma Greenwald, el experimento portugués ha sido un éxito completo.

Peter Reuther, profesor de criminología y políticas públicas de la University of Maryland, College Park, sugiere que aunque la descriminalización fija su objetivo en la paralización del crecimiento de consumo de drogas, las ratios de consumo de heroína se deben a su naturaleza cíclica.

En septiembre de 2012, el Bloco de Esquerda ha anunciado la presentación de una propuesta parlamentaria para regular el uso, cultivo y distribución de cannabis, que incluye la posibilidad de cultivar diez plantas por persona, llevar encima la cantidad necesaria para el consumo de un mes (75 gramos si se trata de marihuana y 15 gramos en el caso de la resina de hachís) y permite la creación Clubes Sociales de Cannabis, similares a los que ya existen en España y otros países europeos.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Uruguay

La legislación uruguaya vigente establece que el consumo de drogas es legal, mientras que son ilegales toda forma de producción, fabricación, plantación, tráfico o posesión de drogas, salvo que las cantidades de esta última sean para uso personal. La discriminación sobre si la cantidad poseída era para uso personal o con intención de traficar la realiza el juez actuante. Desde 2011 se estuvieron presentado varios proyectos de ley tendientes a modificar la legislación actual en lo que respecta al uso del cannabis permitiendo el autocultivo, y en el transcurso del año 2012 se planteó desde el Poder ejecutivo la posibilidad de aprobar un proyecto de ley por el que el Estado se haría cargo de la producción y comercialización de esta sustancia. El 10 de diciembre de 2013 Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción, tenencia y uso de marihuana, logrando de esta forma que sea cien por ciento legal. La marihuana se venderá en farmacias a mayores de 18 años de edad, podiendo adquirirse hasta 40 gramos de la misma por persona. En un debate legislativo con 16 votos a favor el Senado ha aprobado la iniciativa promovida por el presidente José Mujica en 2012, como una alternativa para poner fin al narcotráfico. Sin embargo, no se ha puesto en la práctica, y es posible que se derogue.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Estados Unidos

En noviembre de 2012, fue aprobada a través del voto general, la iniciativa 502 (I-502) la cual fue elaborada por la Legislatura del Estado de Washington, por medio de la cual por primera vez se eliminan las sanciones criminales para cualquier mayor de 21 años que porte 28.5 gramos o menos de la droga para uso recreativo personal, dicha norma también legaliza la posesión de hasta 0.45 kilogramos de cannabis sólido para consumo y hasta 2.4 kilogramos en forma liquida, aunque siguen existiendo restricciones a conducir bajo la influencia de cannabis, el consumo en lugares públicos y el consumo de esta droga en lugares donde la ingesta de alcohol también esta prohibida.

En 2014, primero en el estado de Colorado y después en el de Washington, se comenzó la venta legal, para uso recreativo, de los productos del cáñamo. Se espera que algunos otros estados pronto permitan lo mismo: Oregón, Alaska, y el Distrito Federal (Washington, D.C.).

Coincide con la legalización de la marijuana una baja en el número de casos de sobredosis de opiodes. Los estados que han legalizado la marijuana han visto una baja en el número de accidentes de carretera. Aunque ha habido casos de accidentes de carretera en que el consumo de cannabis fue la causa, o una de varias posibles causas, el número es muy inferior al número de accidentes ocasionados por el alcohol durante el mismo período.

Otros estados, como Nueva York, sin llegar a la legalización abierta, han despenalizado la posesión de pequeñas cantidades. La despenalización, en la práctica, implica una pequeña multa (€20 – €80), como máximo, y no deja antecedentes criminales.

Sigue ilegal el cannabis bajo leyes federales, pero no se busca el cumplimiento de estas leyes cuando estén en conflicto con leyes estatales. Algunos ven en esta posición el influjo personal del presidente Obama, famoso consumidor de cannabis cuando joven. En sus propias palabras, «De joven, inspiraba. De esto se trataba» (alusión a una famosa declaración del antiguo presidente William Clinton, quien dijo que había fumado, pero sin inspirar).

Varios municipios, sobre todo en los estados de Michigan (Lansing, la capital, Jackson y Ferndale), Santa Fe, la capital de Nuevo México, Filadelfia, Pensilvania,, Washington, D.C. y Portland, Maine, han votado la despenalización de pequeñas cantidades de cannabis. Se espera que en noviembre de 2014, unos 20 otros municipios decidan esta cuestión para sus ciudadanos. El impacto de estos votos no está claro, pues están en conflicto tanto con leyes estatales como con federales.

Tras este proceso ha sido la anterior legalización del cannabis para fines medicinales. En California se votó en 1996, y aunque es necesaria una receta médica, son fáciles de conseguir y de hecho es casi una legalización general. En 22 otros estados y en Washington, D.C., a mediados de 2014, es legal bajo restricciones el uso medicinal del cannabis, aunque no se aplica en todos ellos a todas las variedades de cannabis, y las condiciones son muy variadas y a veces muy restrictivas.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Luxemburgo

En Luxemburgo el consumo de drogas esta castigado con penas de 8 dias a 5 años de privación de libertad y multas de 248 a 247.894 euros. La producción y el trafico de drogas esta castigado con penas de 1 a 20 años de privación de la libertad y multas de 498 a 1.239.468 euros.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas)

Conclusión

Para el Análisis Económico del Derecho la guerra contra las drogas ha fracasado en todas las modalidades, como lo indican la descomposición social y política de los países productores, sin que se haya logrado disminuir la producción, distribución y venta. Por el contrario, encuentra en la legalización de la marihuana –sustancia mucho menos nociva que el tabaco y el alcohol, e incluso con propiedades medicinales-, así como en el manejo de la producción y el precio por parte del Estado, una solución de mayor eficiencia, que el que la guerra actual plantea.

[1] Véase ZARATE RUIZ, ARTURO. La ley de Herodes y la “guerra” contra las drogas. Plaza y Valdes, Madrid, 2003.

[2] Existen interesantes estudios sociológicos acerca de la figura del traficante de drogas ilícitas y la influencia que dicha actividad tiene en la degradación de los valores sociales. Para adentrarse en el caso mexicano, véase, por ejemplo, ASTORGA, LUIS A. Mitología del narcotraficante en México. 2ª. reimp. México, Plaza y Valdés, UNAM, 2004. 150 p.

[3] Sobre las propiedades de la cannabis, puede consultarse: ESCOHOTADO, ANTONIO. Historia general de las drogas. Espasa, Madrid, 2004. GROTENHERMEN, FRANJO; RUSSO, ETHAN y Navarrete Varo, RICARDO. Cannabis y cannabinoides: farmacología, toxicología y potencial terapéutico. Castellarte, 2003.

[4] Sobre el tabaquismo y sus consecuencias, puede consultarse: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación internacional de las enfermedades (CIE): trastornos mentales y del comportamiento. Criterios diagnósticos de investigación. Décima Edición. Madrid, Meditor, 1993. p. 71-89. POSADA J.A., TORRES Y. Estudio nacional de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Colombia, 1993. Bogotá. Ministerio de Salud. 1995. CAMPO A. Prevalencia de consumo de cigarrillo en pacientes psiquiátricos: una revisión sistemática. Medunab. 2002; 13:28-33. PIERCE PJ, GARCÍA M, SALTÓ E, SCHIAFFINO A, FERNÁNDEZ E. La publicidad del tabaco, ¿incrementa el hábito de fumar entre los adolescentes? Datos desde California. Gac Sanit. 2002;16 Supl 2:69-76.

[5] Sobre el alcoholismo y sus consecuencias, puede consultarse: ACEVEDO CARDONA, RAMÓN EMILIO. Alcohol y alcoholismo. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina. 1989, p.269-288. BUITRAGO, DORIS JACQUELINE y OSORIO, MARGARITA MARÍA. Perfil ocupacional del farmacodependiente. En: Compendio de Farmacodependencia y Alcoholismo. (1994 : Medellín). MEMORIAS DEL COMPENDIO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO. Medellín : Hospital San Vicente de Paúl. Departamento de Toxicología, 1994.

[6] Investigaciones en el campo de la Sociología, concluyen que el narcotráfico ha “contribuido” a la generación de nuevos patrones de conducta y de apreciación de la vida que se contraponen a los tradicionales. Se demostró que en el caso de las comunidades rurales (primer sector en el que penetró la actividad del narcotráfico),  muchos jóvenes cambiaron su estilo de vida, prefiriendo el enriquecimiento fácil y con ello, ha sido evidente el incremento de la violencia. Los grupos de autodefensas rurales, se transformaron en el paramilitarismo “moderno” y otras formas organizadas de criminalidad, sirviéndole al poder del narcotráfico. En las ciudades, el recrudecimiento de la violencia se ha manifestado, en especial, con el fenómeno del sicariato. Véase, FERNÁNDEZ ANDRADE, ELSA MARÍA. El narcotráfico y la descomposición política y social. El caso de Colombia. México, Plaza y Valdés, 2002. 302 p.

[7] INTERNATIONAL CRISIS GROUP. “La droga en América Latina I: perdiendo la batalla”, Informe sobre América Latina No.25, 14 de marzo, 2008.

[8] Véase BOYUM, DAVID y REUTER PETER. An Analytic Assessment of U.S. Drug Policy. AEI Press, febrero de 2005. CARDONA, DIEGO. La política exterior colombiana de la administración Pastrana. Algunos elementos para la discusión. Washington: LASA. 2002. CRANDALL, RUSSEL. Driven by Drugs. US Policy Toward Colombia. 2001. COLETTA A. YOUNGERS y EILEEN ROCÍN. Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy. 2004. ESTRADA, JAIRO. Plan Colombia: ensayos críticos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

[9] KALMANOVITZ, SALOMON. La legalización de las drogas. Diario El Espectador, edición del 27 de noviembre de 2007.

[10] Se estima que el costo social anual del abuso del alcohol en los Estados Unidos, supera los 100.000 millones de dólares. COOTER, ROBERT y ULEN, THOMAS. Derecho y Economía. Fondo de Cultura Económica. México, 2002, p. 614.

[11] En efecto, Becker sostiene que un incremento del 10% en los precios de la droga, reduciría la demanda en sólo un 5%, lo que significaría una elasticidad de cerca del 0,5%: “Esto implica que mientras los precios de las drogas crecen, el gasto real en éstas se incrementa, en este caso, en cerca de un 5% por cada incremento del precio del 10%. De manera que si la guerra contra las drogas incrementa su precio en por lo menos un 200%, el gasto en estas sustancias se habría elevado de manera enorme, y de hecho así ha sucedido”. BECKER, GARY; MURPHY, KEVIN; y GROSSMAN, MICHAEL. El Mercado de bienes ilegales: El caso de la droga. Revista de Economía Institucional. Segundo semestre, vol. 8, número 015, Universidad Externado de Colombia, 2006, Bogotá, ps. 17 a 42.

[12] BECKER, MURPHY y GROSSMAN. Ibídem.

[13] COOTER, y ULEN. Ibídem, p. 612.

[14] Algunos opositores a la legalización de las drogas estiman que con su despenalización, el consumo aumentará considerablemente, generando mayores costos sociales. Sin embargo, la experiencia con drogas legales indica que hay una tendencia en la gente de ir de las más fuertes a las más blandas y no al contrario, igual que se pasa de la cerveza normal a la “light”, así como de los cigarrillos sin filtro, a los que tienen filtro y luego a la línea de cigarrillos “light”. Véase BONILLA URIARTE, VICTOR. Psicofarmología. Editorial Trillas, 1999.