A pesar de la controversia que desató el presidente Petro al decretar un aumento del salario mínimo del 23 %, esta no es la primera vez que Colombia experimenta incrementos significativos. De hecho, durante la década de los noventa los salarios crecían en rangos del 16 % al 20 %. Fue con la llegada de los gobiernos posteriores —en especial durante la era Uribe— cuando los incrementos comenzaron a reducirse de manera sistemática, erosionando el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores.

En Colombia, la economía creció durante los años noventa y, más recientemente, ha mostrado señales de recuperación tras la pandemia bajo el actual gobierno. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido de manera equitativa en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.

Hoy, una parte significativa de los colombianos gana el salario mínimo o menos. A finales de 2024 e inicios de 2025, aproximadamente 11,3 millones de trabajadores percibían menos de un salario mínimo —cerca del 43 % de la población económicamente activa— y entre 2,4 y 3,7 millones recibían exactamente un salario mínimo. Estas cifras reflejan una realidad estructural: Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de la región.

En comparación con otros países latinoamericanos, el poder adquisitivo del salario mínimo en Colombia venía deteriorándose. En un contexto de alta informalidad, aumento sostenido del costo del transporte y encarecimiento de la canasta básica, resultaba necesario un ajuste que permitiera nivelar mínimamente las condiciones de vida. Esto, sobre todo, en un país donde los senadores colombianos quienes hoy critican el aumento perciben ingresos mensuales superiores a los 52 millones de pesos solo en salario. Más de 37 salarios mínimos y con una contribución al país cuestionable por no decir deplorable y corrupta.

La economía es un sistema complejo en el que intervienen múltiples factores, pero el poder adquisitivo cumple un papel central. Los trabajadores de menores ingresos tienden a destinar la totalidad de su salario al consumo, lo que dinamiza la demanda de bienes y servicios, especialmente en la economía popular y los pequeños comercios. En ese sentido, el aumento del salario mínimo no solo busca mejorar las condiciones de vida, sino también fortalecer la estabilidad social y económica.

Un mayor ingreso impulsa la actividad económica al ampliar la capacidad de consumo de millones de personas. Esto se traduce en mayor circulación de dinero en barrios, plazas de mercado y pequeños negocios, con efectos positivos en el tejido productivo local.

Colombia está profundamente fragmentada en múltiples dimensiones: económica, fiscal, social, educativa y territorial. La discusión sobre el salario mínimo refleja esas tensiones estructurales y la dificultad de construir consensos en torno a un modelo de desarrollo más equitativo.

Mi apuesta es que este aumento no frenará la economía. Por el contrario, permitirá que millones de colombianos recuperen parte del poder adquisitivo perdido y contribuirá a dinamizar la economía local. Es cierto que puede reducir el margen de ganancia de algunos grandes sectores empresariales, pero difícilmente los paralizará.

Como columnista de Bandalos, celebro esta decisión y confío en que, a largo plazo, contribuya a reducir la pobreza y a cerrar las brechas que históricamente han marcado al país.