Desde que empezó el gobierno de Iván Duque se recaudaron más de 140 millones de dólares como parte de la fase 2 de la reconstrucción de los acuerdos de paz.  Solo en el 2020, el país recibió 1.2 billones de pesos colombianos y desde el 2016 ha recibido mas de 9 billones de pesos. Sumas extraordinarias, que de ser enfocadas en la paz y los municipios afectados por la guerra mostrarían una realidad muy diferente. Desafortunamente, la gran mayoría de estos dineros han desaparecido en entramados de corrupción.

El Fondo donde llegas estos dineros, fue creado en 2016 entre las instituciones del Gobierno, los países donantes, y las Naciones Unidas, con el fin de movilizar y cofinanciar intervenciones catalíticas en apoyo a la implementación de la paz.

Países como Canadá, Chile, Portugal, USA, España, Corea de Sur, el Reino Unido, Suecia, Suiza, Irlanda han donado millones a Colombia.

El Gobierno de Duque aseguró que este dinero ha sido invertido para «apoyar la estabilización de los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), el proceso de reincorporación de los excombatientes, la reparación integral a víctimas, garantizando la verdad, justicia, reparación y no repetición, inversión en los municipios afectados por la guerra y la comunicación de los avances en la implementación del Acuerdo».

Obviamente esto no ha sido así.  Durante el gobierno de Duque se incumplió y saboteó el acuerdo de paz.  Se ha tratado de reducir fondos a la JEP, la comisión de la verdad y se ha fallado en crear programas de paz y dar fondos a más del 30% de los municipios pobres y afectados por el conflicto.

Duque termina su mandato con cifras trágicas de asesinatos de ambientalistas, defensores de derechos humanos y firmantes de la paz. INDEPAZ reporta 91 masacres en el 2020, 96 en el 2021 y en el 2022 van máns de 45 masacres.  La mayoría en Antioquia, Cauca y las costas colombianas.  ¿Cuál proceso de paz han cumplido?

¿Donde estas los dineros aportados por tantos países a la implementación de la paz?

El Ocad Paz el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías. Esta entidad acciona en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), pero bajo sus narices desaparecieron los fondos.

Recientemente los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra destaparon que desde Marzo 2021, congresistas han extorsionado a los alcaldes pidiendo “coimas” para apoyar los proyectos de paz.  Sin apoyo de un congresista, y la respectiva coima, los fondos no llegan a los municipios o las víctimas. Así, aproximadamente 500.000 millones de pesos en coimas de las regalías que, de acuerdo con la ley, deberían estar destinadas a la implementación de los programas del acuerdo de paz fueron obtenidas por varios políticos.  En la lista de investigación inmediata están el senador Ape Cuello y al senador Samy Meregh y el exdirector de DNP, Luis Alberto Rodríguez.

Esta vez, organizaciones de control, participaron en el entramado incluyendo la Contraloría, el DNP, el fondo nacional de regalías. Durante este gran robo de recursos, múltiples denuncias se pusieron frente a la Fiscalía y la Procuraduría que no han sido investigadas.

A pesar de la millonaria suma, esto se siente como la punta del iceberg. Quizás muchos más fondos han sido robados.  Nuevamente la elite, los gobernantes de nuestro país, han robado a los mas pobres, a las víctimas, a los municipios hoy sin luz, ni agua.  Nuevamente han robado a los más vulnerables.

A pesar del escándalo donde se “abudinearon” muchos recursos, vemos una fiscalía sin ningún afán, que no ha avanzado ninguna investigación. Nuevamente son los medios son los que destapan la olla.  La fiscalía solo parece servir para perseguir a jóvenes que marchan en protestas, para intimidar a los periodistas que investigan y denuncian los robos o para estancar los procesos de aquellos que están siendo investigados.

Imaginen 9 billones de pesos destinado a la paz y los municipios más pobres. Imaginen las vidas que se salvarían, los servicios que tendrían, el cambio social posible.

La avaricia desmedida de nuestros gobernantes, los entramados de corrupción, la magnitud del robo y la tranquilidad que tienen de hacerlo es escalofriante. Tampoco sienten responsabilidad de rendir cuentas a la comunidad internacional que donó los fondos. Solo queda esperar que la Fiscalia actue y conduzca la investigación.

Estos hechos nos recuerdan que Colombia no es un país pobre. Es un país con muchos recursos manejado por una elite corrupta y ladrona que se define “Gente de Bien” pero que son realmente la escoria de este país.