París, 3 de octubre de 2026.

«¿Y el honor de Colombia? ¿Ha pensado usted en el honor de Colombia?»

Desde su despacho del opulento edificio de la rue de l’Élysée en París, Miguel Gómez Martínez, entonces embajador de Colombia en Francia, lanzó su último argumento para convencerme de cambiar de actitud. Desconcertada, respondí sobriamente: «El honor de un país, sea lo que sea, es juzgar a sus criminales».

Reprimí mis sollozos, recogí mis cosas y me dispuse a salir de ese amplio salón con vistas al barrio más exclusivo de París. Mi carta denunciando las acciones delictivas del director y del subdirector de una institución que albergaba menores bajo la protección del ICBF en Cali iba a ser transmitida a la justicia colombiana. A eso había venido ese día de verano de 2005: a denunciar los abusos sexuales cometidos contra menores.

Hijo de senador, nieto del expresidente Laureano Gómez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, este joven y brillante economista había asumido la embajada en 2002, sucediendo a Marta Lucía Ramírez. Más tarde sería candidato al Senado por el partido conservador. El hoy ministro de Hacienda y Crédito Público.

Avanzando en mi investigación, supe que un voluminoso expediente de denuncias dormía en los despachos del ICBF. Cuando los funcionarios interrogaban a los niños, estos callaban, aterrados por una autoridad capaz de cambiar su destino en cualquier momento. Los malvados les decían que Dios lo ve todo y que, si hablaban, irían al infierno. Mejor no decir, no ver, no escuchar. El ICBF no fue más allá. ¿Por pereza, incompetencia, falta de recursos o también por el honor de un país?

En mi casa, el teléfono empezó a sonar de noche. Llamadas anónimas.

Supe que un investigador hurgaba en la vida de las familias para desacreditar a los niños que hablaban. El sacerdote, director de la institución, afirmaba que los menores “vivían en un mundo de mentiras”. Hijos de narcotraficantes, prostitutas, vendedores ambulantes, gente del común y humilde. Sus palabras no valían mucho.

La Iglesia cerró filas, hasta el Vaticano envió emisarios. Se organizó un ejército con el apoyo de la alta sociedad caleña y de una institución acostumbrada a la impunidad. Por suerte, el fiscal encargado del caso era un hombre íntegro.

Hasta que un día, el director del albergue rindió indagatoria. Dijo estar poseído por un demonio, confesó sus inclinaciones y reconoció a dos víctimas. Una de ellas, un adolescente de 14 años había contraído sífilis.

Condenado a 57 meses de prisión el 29 de septiembre de 2006, el sacerdote fue liberado mucho antes de cumplir su pena. Su cómplice quedó impune, protegido por su familia, el Alzheimer incipiente y la complicidad pasiva de toda una sociedad. El honor de un país…

El caso ocupó titulares de prensa, radio y televisión. Veinte años después, muchos de esos artículos han desaparecido. En respuesta al derecho de petición que envié el año pasado al diario regional El País me respondió que el contenido digital ya no estaba bajo su responsabilidad. En otras palabras, se lavaban las manos. El honor de la prensa.

No sé qué cambió desde entonces.

A finales de la semana pasada, el papa León XIV, de visita en Francia, se reunió con siete víctimas francesas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, en un encuentro que duró cerca de dos horas. Según varios de los participantes, habría reconocido el carácter sistémico de estos abusos y subrayado la necesidad de continuar trabajando por la verdad, la justicia y la reparación.

Según la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase), creada en Francia para investigar estos hechos, unas 330.000 personas fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran menores entre 1950 y 2021. ¿Se traducirán realmente estas palabras en hechos? El honor del Vaticano.

Lamentablemente, este mal, que consiste en proteger, por acción o por omisión, a los pedófilos cuando ocupan cargos de relevancia, ya sean políticos o religiosos, está ampliamente extendido en todo el mundo. El honor de la humanidad.