París, 26 de septiembre de 2026.

El 16 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictaba su primera sentencia en el Caso 01, dedicado a los secuestros cometidos por las FARC-EP. Por primera vez, los principales dirigentes de la antigua guerrilla eran condenados por la justicia transicional colombiana por una política que había dejado más de 21.000 víctimas de secuestro. Ocho años de sanciones propias, con restricción de libertades y derechos y, sobre todo, trabajos con contenido reparador y restaurador. Desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, restauración de ecosistemas, trabajos de memoria… Los antiguos dirigentes de las FARC debían contribuir a reparar los daños causados.

La promesa de la justicia transicional colombiana era no tener que elegir entre la impunidad y veinte años de prisión, sino obtener verdad, reconocimiento de responsabilidades y reparación. No era simplemente una opción judicial. Formaba parte del acuerdo de paz alcanzado con las FARC. A cambio del fin del conflicto y de la dejación de las armas, el acuerdo estableció un tratamiento judicial específico para los excombatientes, con sanciones propias en lugar de penas de prisión convencionales para quienes reconocieran sus responsabilidades y contribuyeran al esclarecimiento de la verdad.

Un año después, una pregunta amenaza esta promesa: ¿quién paga para que los condenados puedan cumplir su pena? Unas semanas después de la sentencia histórica, en noviembre de 2025, le hice esta pregunta a Alejandro Ramelli Arteaga, entonces presidente de la JEP, de paso por París.

Su respuesta fue clara. Según él, el Plan Nacional de Desarrollo contemplaba que el Estado financiara los proyectos necesarios para la ejecución de las sanciones. En ese momento, el costo total se estimaba en unos 120.000 millones de pesos. Pero el Gobierno solo había garantizado 20.000 millones. «Faltan 100.000 millones», me respondió, insistiendo en que el resto debía ser cubierto.

Desde entonces, se han movilizado recursos para permitir el inicio de las primeras sanciones propias. Pero la cuestión de la financiación de su ejecución completa y sostenida sigue pendiente.

El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, acaba de proponer retirar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP para 2027 y transferirlos al Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Abelardo de la Espriella apoyó públicamente esta propuesta. Sin embargo, todavía no ha sido aprobada. Estos 100.000 millones no corresponden a la financiación de las sanciones propias. Se trata del presupuesto de funcionamiento de la JEP. Hoy se superponen, por tanto, dos cuestiones presupuestarias: financiar el funcionamiento de la JEP y financiar la ejecución de las sanciones que esta impone.

Varias víctimas y organizaciones que las agrupan se han pronunciado. MAFAPO (Madres de Falsos Positivos), en el marco del Caso 03, pide al Congreso preservar los recursos de la JEP para continuar las investigaciones, proteger a las víctimas y a los testigos y garantizar su participación en los procedimientos. La organización advierte especialmente sobre las consecuencias de una reducción de los recursos destinados a su protección.

Por su parte, la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL), organización de víctimas que interviene en el Caso 01, celebró la propuesta de reducir el presupuesto de la JEP. A través de su fundadora, Sofía Gaviria, pide fortalecer la justicia ordinaria, al considerar que los antiguos dirigentes de las FARC deberían ser juzgados por esta. Sofía Gaviria es hermana de Guillermo Gaviria Correa, exgobernador de Antioquia, secuestrado y asesinado por las FARC en 2003, después de más de un año de cautiverio. Esta posición también es compartida por varias víctimas de las FARC, como Sigifredo López e Ingrid Betancourt.

Estas posiciones muestran que no existe una única manera de entender, desde la perspectiva de una víctima, lo que debería ser la justicia.

Para algunas, la prioridad sigue siendo permitir que la JEP continúe sus investigaciones, garantice su protección y su participación en los procedimientos. Para otras, después de varios años de existencia de la jurisdicción, se trata de obtener resultados judiciales que consideren acordes con la gravedad de los crímenes cometidos. Unas y otras hablan desde su propia experiencia de la violencia y de la espera de justicia.

Es comprensible el malestar de una víctima que todavía no ha recibido ninguna reparación económica —o que ha recibido muy poca— y que ve que el Estado debe movilizar miles de millones de pesos para hacer materialmente posible la pena de quienes fueron condenados por los crímenes que ella sufrió.

¿Cuál es la capacidad del Estado para cumplir simultáneamente todas sus promesas: hacer justicia, reparar a las víctimas, proteger su participación, financiar el funcionamiento de la jurisdicción y proporcionar a las condenas los medios materiales para convertirse en realidad?

Quizás ahí se juega la credibilidad del modelo colombiano. ¿Puede una justicia ser realmente reparadora si logra imponer sanciones, pero no dispone de los medios para ejecutarlas?

¿Y cómo puede ser percibida como reparadora por las víctimas que todavía esperan una reparación concreta?