París, 15 de abril de 2026.

«Siempre he trabajado, por eso tuve una empleada doméstica, porque en Colombia, ya sabes que los hombres, al menos los de mi generación, no ayudan a las mujeres con esas tareas», me confesaba hace unos meses una amiga de Cali.

El día era hermoso, estaba de vacaciones y, sobre todo, feliz de reencontrarme con alguien a quien conocía desde hacía más de veinte años. No tenía ganas de polemizar ni de arruinar el momento. Por eso no le hice comentario alguno sobre el verbo “ayudar”. En una pareja, hacer la limpieza, cocinar, ir de compras, lavar la ropa, cuidar a los niños no es un favor, es asumir la parte del trabajo necesaria para la vida común. Usar el verbo “ayudar” implica que esas tareas por defecto serían de las mujeres, como si la casa no fuera asunto de todos.

Tampoco me atreví a decirle que la primera vez que almorcé en una casa en Colombia con una empleada doméstica —una experiencia rarísima en Europa— me sentí profundamente incómoda, por no decir horrorizada, al verla comer sola de pie en la cocina mientras nosotros estábamos sentados en el comedor.

En Colombia, la presencia de domésticos está socialmente normalizada en las clases medias, en las familias más acomodadas e incluso entre intelectuales y políticos de izquierda, electos con promesas de equidad. El costo del trabajo doméstico es indigno: cualquier profesor universitario, periodista, abogado o algunos empresarios gana varias veces el salario mínimo; las cargas sociales son bajas y la protección social mínima. Este sistema conviene a todos… excepto a quienes pagan el precio humano.

¿Cuántas de estas empleadas, invisibles y meticulosas, trabajan con miedo a la precariedad, a los gritos y a los reproches? Ellas son la ilustración de una larga tradición de desigualdades sociales y económicas, un modelo de castas heredado de la colonización.

En Colombia, esta realidad no distingue colores políticos. Se encuentra en hogares conservadores y progresistas, en casas de empresarios y también de quienes defienden la justicia social. A pocas semanas de una nueva elección presidencial, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién está dispuesto a cuestionar este sistema del que casi todos se benefician? Invisibles en las casas, invisibles en la política. Las empleadas domésticas sostienen silenciosamente el funcionamiento de miles de hogares, pero rara vez aparecen en los discursos electorales. A los candidatos presidenciales habría que hacerles una pregunta sencilla:

¿Tienen empleada doméstica? ¿Está declarada? ¿Tiene contrato, seguridad social, horarios dignos?

Recuerdo un regreso de Buenaventura a Cali en un taxi colectivo. El conductor se detuvo en una invasión de la ciudad portuaria. Subió una adolescente, con su cama de madera amarrada al techo del vehículo. La joven, visiblemente aterrada, nunca había salido de su barrio ni de su familia. Apenas me atreví a hablarle, por miedo a asustarla aún más, cuando ya era una presa fácil.

Me confesó que iba a trabajar en una “casa de familia” en Cali. Desconcertada, consciente de su extrema vulnerabilidad y de la dependencia que se avecinaba, no sabía a dónde iba ni qué la esperaba. ¿La tratarían con cuidado y amabilidad? ¿O se abusaría de ella, en todos los sentidos de la palabra? Sentí como si retrocediera un siglo. Como si me convirtiera en testigo impotente y avergonzado de una injusticia que se perpetúa, cómplice por mi inacción de esta larga tradición de explotación.

El viaje de regreso a la «Sucursal del cielo» fue sombrío. Mientras yo me preparaba para continuar mi existencia sin mayores preocupaciones, en contraste con la suya, ella partía hacia lo desconocido, llevando sobre sus hombros el peso de todo un mundo invisible.