París, 6 de junio de 2026.

El 31 de mayo, los colombianos no solo eligieron a los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial; también pusieron frente a frente dos definiciones del éxito, dos concepciones del progreso y, en el fondo, dos visiones de sociedad.

Esta campaña me recordó una escena de hace más de veinte años. Una niña de Soacha, que había crecido en condiciones de extrema pobreza y que posteriormente fue adoptada por una familia franco-colombiana acomodada, escribió en el colegio una redacción sobre sus sueños para el futuro. En ella decía que quería tener varias muchachas a su servicio.

Lo que me llamó la atención no fue su aspiración al bienestar material. ¿Qué podría haber de más natural en una niña que había conocido la precariedad? Lo que me sorprendió fue que, en su imaginario, el éxito no consistía en vivir en una sociedad más justa o con mayores oportunidades para todos; consistía simplemente en cambiar de lugar dentro de la jerarquía social: dejar de estar entre los pobres para pasar a formar parte de quienes emplean a los pobres.

He recordado esa redacción porque los dos finalistas encarnan, cada uno a su manera, dos aspiraciones distintas de la sociedad colombiana.

Si los nombres de los dos candidatos que siguen en carrera eran los que las encuestas esperaban, la verdadera sorpresa de la primera vuelta estuvo en el orden de llegada y en el resultado obtenido por Abelardo de la Espriella.

Al igual que Rodolfo Hernández en 2022, el abogado de 47 años logró canalizar un voto antisistema y reunir buena parte del electorado antipetrista en un contexto en el que, tanto a la derecha como a la izquierda, muchos ciudadanos optaron por el voto útil desde la primera vuelta. El resultado fue contundente: cerca del 85 % de los votos se concentró en apenas dos candidatos entre los once que aspiraban a la Presidencia.

Como Hernández, De la Espriella fundamenta buena parte de su legitimidad en una idea sencilla: quien ha tenido éxito en los negocios sabrá administrar el país. Desde esta perspectiva, el éxito económico se convierte en una prueba de competencia. El empresario aparece como alguien que trabaja, asume riesgos, aprovecha las oportunidades y logra abrirse camino en medio de un sistema percibido como estancado.

Pero esta valoración del éxito suele ir acompañada de cierta fascinación por sus expresiones más visibles: carros de lujo, relojes costosos, trajes finos; todos esos símbolos de estatus que ocupan un lugar particular en una sociedad todavía marcada por la cultura «traqueta».

Iván Cepeda, por su parte, interpela a quienes consideran que el éxito de un país se mide por su capacidad para garantizar una vida digna a todos sus ciudadanos: educación de calidad, acceso efectivo a la salud, empleo bien remunerado, vivienda y una vejez protegida. Su proyecto parte de la idea de que el progreso colectivo se juzga por la situación de quienes tienen menos.

Abelardo de la Espriella conecta más con quienes valoran la iniciativa individual, el emprendimiento, el éxito personal y la movilidad social. Su relato es el de la superación, el esfuerzo recompensado y la prosperidad conquistada.

Más allá de los programas, también se enfrentan dos jerarquías de valores.

Para De la Espriella, la creación de riqueza es la condición indispensable del progreso. Esa convicción se traduce en su respaldo al fracking, a la reactivación de la exploración petrolera y a la expansión de la actividad minera, aun cuando ello implique costos ambientales significativos. Desde esta óptica, las restricciones ambientales suelen percibirse como obstáculos al crecimiento económico que conviene flexibilizar.

Cepeda defiende una visión distinta, que concede mayor importancia a la reducción de las desigualdades, al fortalecimiento de los servicios públicos y a la protección del medio ambiente. Su propuesta parte de la idea de que una sociedad no puede considerarse verdaderamente próspera si su riqueza se construye a costa de los más vulnerables o de las generaciones futuras.

La dificultad es evidente. En un país donde millones de personas todavía luchan por satisfacer sus necesidades básicas, las promesas de crecimiento y empleo ejercen una poderosa atracción. Cuando hay que llenar la nevera o pagar el arriendo, la protección ambiental puede parecer una preocupación distante.

La actualidad de los últimos días ofrece una ilustración trágica de esta realidad. El jueves, en una mina de carbón de Sutatausa, a unos 70 kilómetros de Bogotá, una explosión de gas metano causó la muerte de un minero, mientras que otros seis seguían desaparecidos al momento de escribir estas líneas. Apenas unas semanas antes, dos explosiones similares habían dejado trece muertos.

Para muchas familias colombianas, la minería no es una cuestión ideológica: es una fuente de ingresos, y a veces la única. Pero estas tragedias también recuerdan que la riqueza que se produce suele tener un costo humano y ambiental que preferimos no ver. Las primeras víctimas de la deforestación, de la contaminación y del cambio climático suelen ser precisamente los más pobres: los campesinos, los habitantes de las zonas rurales, quienes dependen directamente de la tierra y del agua para sobrevivir.

En el fondo, la elección que se avecina no solo plantea la pregunta de quién gobernará Colombia durante los próximos cuatro años; también plantea una cuestión más profunda: qué entendemos por progreso.

¿Quieren los colombianos una sociedad en la que cada persona pueda aspirar a hacerse más rica, o una sociedad en la que cada persona pueda vivir con mayor dignidad? ¿Una sociedad en la que el sueño consiste en llegar a formar parte de quienes dominan, o una sociedad en la que nadie esté condenado a ser dominado?

Veinte años después de aquella redacción escrita por una niña de Soacha, tal vez esa sea la verdadera pregunta que se encuentra en el corazón de esta elección.